El Consejo de la Red de Parques Nacionales, presidido por la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, se ha reunido este lunes y, entre otros asuntos, ha tratado el del «control de ungulados» en el Parque Nacional de Cabañeros, ubicado en la provincia de Ciudad Real, que costará más de un millón de euros después de prohibir su caza en los Parques Nacionales -algo que se llevó a efecto tras el fin de la moratoria el pasado 4 de diciembre-.

El Consejo, según una nota que reproduce Europa Press, ha informado del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de Cabañeros y ha emitido su informe preceptivo con comentarios que serán tenidos en consideración para que Castilla-La Mancha apruebe finalmente el PRUG mediante decreto 25 años después de la declaración de Cabañeros como Parque Nacional.

Entre las partidas, al control de las poblaciones de ungulados se dedicarán 1.200.000 euros y a la erradicación de especies exóticas de fauna 980.000 euros, según amplía el diario provincial Lanza.

Más inversiones en el Parque

El cuadro financiero de inversiones contempla destinar una inversión de 1.780.000 euros a regenerar y conservar especies del monte mediterráneo, así como invertir 600.000 euros en el estudio, diagnóstico y propuestas de actuación de hábitats y especies de interés comunitario, incluyendo los bosques mediterráneos. Actuaciones como la restauración y sustitución progresiva de las repoblaciones de coníferas no autóctonas contarían con una inversión de 1.630.000 euros y a la realización de censos y cartografiado de especies amenazadas, de interés comunitario y especies clave se dedicarán 1.950.000 euros.

No cazar en los Parques Nacionales costará a los españoles 320 millones de euros

Mañana se prohibirá cazar en Parques Nacionales: los españoles tendrán que pagar 320 millones de euros por ello
Dos gamos durante la época de ronca. @Shutterstock

Desde este mes, los Parques Nacionales de nuestro país dejarán de ser una fuente de riqueza, creación de empleo y fijación de población en el medio rural para pasar a costar más de 320 millones de euros a los españoles, en plena crisis económica mundial. 

La Fundación Artemisan lamenta que el Gobierno haya hecho oídos sordos al clamor de una España vaciada que, con el fin de la moratoria de la prohibición de cazar en estos espacios, va a sufrir un golpe definitivo al perder una de las fuentes de riqueza más importantes para los municipios del entorno de estos parques. De hecho, diversos Ayuntamientos de estas zonas han aprobado mociones pidiendo que se paralice esta medida. 

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