El proceso legislativo para incluir al lobo ibérico en el Listado de Especies de Especial Protección (Lespre) al norte del río Duero -lo que supondría la prohibición de su caza- ha dado un nuevo giro después de que el Consejo de Estado haya solicitado al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) un informe sobre los planes de gestión de esta especie desarrollados por las comunidades autónomas. Este órgano consultivo entiende que los argumentos aportados por el MITECO no son suficientes para respaldar la orden ministerial que prohibirá la caza del lobo y, por eso, pide al Ministerio que acredite que el lobo está desprotegido con la actual normativa de las comunidades afectadas.
Por ello ahora el ministerio que dirige Teresa Ribera tendrá que responder al Consejo de Estado acreditando la necesidad de realizar ese cambio de catalogación en comunidades como Galicia, Castilla y León, Cantabria y Asturias, las que concentran la mayor población de lobo de España y que votaron en contra de su blindaje. Si bien el Consejo de Estado es un órgano consultivo, la demandada ha ‘enfriado’ los planes del Gobierno, pero no ha impedido que sigan con su empeño de acabar con la caza del lobo a pesar de todo, y para ello han sacado a relucir la dudosa forma de proceder que ya viene siendo habitual con esta polémica. El MITECO ha sometido a audiencia de las Comunidades Autónomas que integran la Comisión estatal en un plazo de 7 días hábiles, en pleno mes de agosto, cuando la mayoría del personal de las administraciones públicas está de vacaciones.
Una audiencia y un plazo de 7 días en pleno mes de agosto
El director general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, Jorge Marquínez, remitió el pasado miércoles un correo electrónico a los directores generales de las comunidades afectadas para informarles de que se había recibido una solicitud desde el Consejo de Estado para que el MITECO elaborase un informe en relación a los planes de gestión de las comunidades autónomas. En ese mismo documento se adjuntaba un documento que sometía a audiencia de las administraciones que integran la Comisión estatal en un plazo de 7 días hábiles.
Jara y Sedal ha contactado con el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de Castilla y León, José Ángel Arranz Sanz, para conocer de primera mano cuál es la situación del proceso legislativo que blindará al lobo. «Al menos que me conste, las cuatro comunidades loberas hemos remitido también un escrito de contestación al director para que nos dé pistas de ese informe. Nos mandan simplemente un documento, un borrador que han preparado para darle contestación, para darle audiencia al Consejo y nosotros sin conocer la demanda concreta del Consejo de Estado. No sabemos ni siquiera qué es lo que le pide al MITECO. Les hemos pedido que mientras no nos lo envíen que suspendan los plazos, pero de momento no hemos tenido contestación», afirma Arranz.
Según el director general de Patrimonio Natural, ahora están revisando ese documento para encontrar «imprecisiones» ya que han encontrado «errores de bulto». «No sabemos si con intención o no», advierte.
Un procedimiento «sorprendente» que probablemente termine en los juzgados
«Todo en este procedimiento es sorprendente. Este plazo en mitad de agosto es otra de las singularidades de este proceso», critica Arranz, destacando además que haya comunidades que aunque no tengan ni un solo lobo que también se les haya dado audiencia. Por último ha advertido a Jara y Sedal que «lo más probable es que todo termine en los juzgados». «Parece que es el camino que lleva ante la intransigencia que hay ahora mismo, porque esta petición de información tan rápida parece que es como para seguir cubriendo el expediente y seguir para adelante».
¿Por qué no existe un censo actualizado del lobo en España?
El último censo nacional del lobo en España se realizó entre los años 2012 y 2014. En total, en ese periodo, se contaron 297 manadas. Desde entonces, se ha constatado la creciente expansión de la especie, fundamentalmente hacia el sur peninsular, y su dispersión demográfica en el noroeste.
Según explica en declaraciones a Jara y Sedal el científico Mario Sáenz de Buruaga Tomillo, «los censos nacionales de lobos se suelen hacer cada cinco o diez años. Una especie como esta tampoco es que cambie de año a año, pero en algunos lugares como Castilla y León o Galicia, las poblaciones sí han variado en los últimos tiempos». Este científico sabe de qué habla, puesto que ha dirigido el censo del lobo en Castilla y León, Cantabria, La Rioja y País Vasco.
Las comunidades loberas ya anunciaron la realización de su propio censo
Mientras que el MITECO de Teresa Ribera no parece interesado en saber el número de lobos reales antes de prohibir su control, las principales comunidades autónomas que cuentan con lobos en su territorio ya han anunciado que realizarán el suyo propio a finales del presente año o durante el próximo, según señaló a finales de junio el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones.
Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León elaborarán este conteo de los ejemplares para después plantear un texto alternativo y de modificación de la Estrategia para la Conservación y la Gestión del Lobo, que data de 2005. También anunciaron que si el Gobierno hace efectiva la prohibición acabarán llevando la cuestión ante los tribunales, tal y como ha corroborado hoy José Ángel Arranz Sanz a Jara y Sedal.
