Un juzgado ha condenado a un vecino de Tineo (Asturias) a nueve meses de prisión y al pago de una multa tras acreditar que falseó la firma de otro propietario para justificar la cesión de una finca con la que pretendía tramitar una subvención pública destinada a crear un campo de tiro al plato en la localidad de Villaluz.
Según ha informado El Periódico, los hechos se remontan al año 2020, cuando el acusado solicitó una ayuda del programa Leader a través del Centro para el Desarrollo del Valle del Ese-Entrecabos. El objetivo era financiar el cierre perimetral de una finca que ya se había utilizado de forma puntual el año anterior para celebrar una competición de tiro al plato durante las fiestas del pueblo.
Sin embargo, el terreno no pertenecía al solicitante, sino a otro vecino que nunca había firmado autorización alguna para ceder su parcela, más allá de haber permitido su uso puntual en 2019.
La sospecha del propietario de la finca
El propietario del terreno descubrió la situación por casualidad meses después de que se presentara la solicitud de la subvención. Según recoge la sentencia, decidió interesarse por el trámite al sospechar que su finca podría estar incluida en el expediente, ya que en las fechas en que se tramitaba la ayuda él mismo había rechazado firmar la cesión.
Fue entonces cuando contactó con el Centro para el Desarrollo del Valle del Ese-Entrecabos y comprobó que en el expediente administrativo figuraban dos autorizaciones supuestamente firmadas por él.
En uno de esos documentos se autorizaban las obras de cierre de la finca, mientras que en el otro se concedía el uso y disfrute de la parcela durante seis años a la asociación de tiro al plato de la localidad, gestionada por el acusado.
A pesar de que finalmente la subvención no llegó a concederse, el propietario decidió presentar una querella al constatar que su firma había sido utilizada sin su consentimiento.
Pruebas periciales concluyentes
El proceso judicial no fue rápido. La causa llegó a archivarse hasta en dos ocasiones, aunque finalmente en 2024 se ordenó la apertura de juicio oral. El juicio no se celebró hasta el año 2025, cuando se analizaron las pruebas periciales caligráficas.
La sentencia destaca especialmente el informe elaborado por la Policía Científica, considerado el más objetivo dentro del procedimiento. El fallo judicial señala de forma literal: «Todas las pruebas periciales caligráficas y en especial, por revestir mayor objetividad, la realizada por la Policía Científica es absolutamente concluyente en orden a la falsedad de la firma obrante en los documentos de supuesta cesión de la finca. Falsedad que no solo se extiende a la firma, sino al documento en su redacción integra que se confeccionó ex profeso para la incorporación en el expediente administrativo de solicitud de subvención».
Durante el proceso, el acusado negó ser el autor de la falsificación. No obstante, la sentencia dictamina que «las pruebas periciales concluyen que las firmas falsas fueron realizadas de puño y letra del acusado, cotejando la letra del propio acusado al rellenar los formularios de petición de subvenciones».
Nueve meses de prisión por falsedad documental
Finalmente, el tribunal ha considerado probado que el acusado falsificó los documentos para incorporarlos al expediente administrativo con el que pretendía obtener la subvención pública.
Por estos hechos ha sido condenado a nueve meses de prisión y al pago de una multa diaria de ocho euros durante ese mismo periodo por un delito de falsedad en documento oficial.
El caso ha generado cierta repercusión en la localidad, donde el terreno en cuestión era considerado el único espacio apto para organizar competiciones de tiro al plato durante las celebraciones festivas del pueblo.
