Los cazadores de la Comunidad Valenciana están más cerca de conocer todos los detalles de fechas de la temporada de caza 2024/2025. Presidido por Salomé Pradas, consejera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, el Consejo Valenciano de Caza ha aprobado los períodos hábiles referentes a ella.
A dicha reunión también han acudido Raúl Mérida, director general del Medio Natural y Animal; y Lorena Martínez, presidenta de la Federación de Caza, Lorena Martínez. Asimismo y según han asegurado desde la Generalitat en un comunicado, han participado representantes de los cuerpos de seguridad y agricultores, entre otros.
Respecto al nuevo calendario, Pradas ha resaltado que se ha confeccionado en colaboración con la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana. «Hemos retomado un diálogo que nunca debería haberse interrumpido», ha explicado.
De igual modo, la consejera ha destacado la caza como «un elemento más que ayuda a la conservación del patrimonio natural y rural», de la región, «a la vez que pone en valor sus espacios y supone una fuente de actividad económica y riqueza».
Las principales novedades del calendario de la Comunidad Valenciana
En comparación con el calendario de la pasada temporada, entre sus novedades cabe mencionar la referente a la caza de aves migratorias estivales en puesto fijo. Esta dará comienzo el miércoles, 21 de agosto, y terminará el 15 de septiembre de 2024.
Con dicha resolución, además, también van a prorrogar la caza de zorzales y estorninos en puesto fijo. Su período estará comprendido entre el cierre de la temporada general de caza menor y el 9 de febrero de 2025. Será la primera vez que la Comunidad Valenciana posibilite su caza los mismos días hábiles que en temporada general.
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De igual modo, han acordado que, en zonas comunes, la caza menor empezará el 12 de octubre y finalizará el 6 de diciembre, ambos de 2024. La única excepción es el caso de la perdiz, que cerrará su período el 3 de noviembre.
Por último, el Consejo Valenciano de Caza ha debatido acerca del proyecto que establece las bases reguladoras de ayudas a ayuntamientos destinadas a facilitar el control poblacional del jabalí en las zonas que sufren de sobreabundancia, además de una regulación propia para el control de esta especie.
