La Comisión Europea ha admitido a trámite una denuncia presentada por Aviornis Internacional Ibérica, una asociación internacional de criadores de aves silvestres que promueve su cría y conservación desde 1991. La querella, que pone en tela de juicio varios artículos de la ley animalista, ha sido aceptada solo cuatro días después de su presentación, marcando un paso importante en el desafío legal contra la polémica normativa.
La Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, que ha sido objeto de numerosos debates en los últimos dos años, podría enfrentar un escrutinio significativo a nivel europeo. Los criadores de aves, muchos de los cuales son reconocidos internacionalmente, ven en el texto normativo una amenaza directa a su labor. Colaborando estrechamente con biólogos y científicos, estos criadores temen que la ley animalista prohíba su actividad vital.
Listado positivo de animales
El núcleo de la denuncia se centra en los artículos 34, 36 y 52 de la ley, que se refieren a la creación de un listado positivo de animales que determinará qué mascotas se podrán tener legalmente en España. Según Aviornis, este listado excluye a muchas especies que no son autóctonas de España, lo que podría dejar fuera a una gran cantidad de aves que han sido criadas durante generaciones.
Además, la asociación ha expresado su preocupación por la disposición transitoria segunda. Esta disposición, que se ha implementado antes de finalizar el listado positivo, prohíbe ya la posesión de ciertas especies, incluyendo reptiles que superen los dos metros de longitud. Asimismo, otorga autoridad a las comunidades autónomas para proceder con la confiscación de dichos animales.
La ley animalista podría incumplir la Directiva sobre aves y la de hábitats
La asociación argumenta que la ley infringe el artículo 36 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que garantiza el acceso a los servicios de interés económico general. También sostienen que se viola la Directiva sobre Aves, la Directiva sobre los Hábitats y el Reglamento UE 338/97, que regula la protección de especies de fauna y flora silvestres a través del control de su comercio. La ley animalista, según Aviornis, contradice la jurisprudencia establecida por la «sentencia Andibel» del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que exige criterios objetivos y no discriminatorios para definir qué constituye un animal de compañía.
¿Cómo afectan la ley animalista y la modificación del Código Penal a la caza tras su aprobación?
La admisión de la denuncia por parte de la Comisión Europea es solo el comienzo de un proceso que podría prolongarse. Sin embargo, representa un momento crucial para los criadores de aves y para la legislación animalista de España. Con la atención ahora puesta en la respuesta de la Comisión y el posible impacto en la legislación española, el caso de Aviornis podría sentar un precedente importante en la regulación de la protección animal y los derechos de los criadores a nivel europeo.
