La Guardia Civil ha detenido e investigado a 58 personas, en el marco de la operación Guatlla, por haber cometido supuestos delitos contra la fauna, falsedad documental y estafa como responsables de macro granjas que destinaban codornices japonesas (Coturnix japonica) o hibridaciones de esta especie para introducirlas en cotos de caza. Además de las personas físicas, se ha investigado a tres empresas por los citados hechos.
En concreto, la Benemérita informa de un total de 114 inspecciones durante las que agentes del SEPRONA tomaron más de 300 muestras biológicas con el fin de investigar -a través del ADN- si las codornices eran o no de la especie de codorniz común (Coturnix coturnix) que habitualmente se utiliza para su suelta en cotos de caza. Según apunta el instituto armado en una nota de prensa, en este caso cerca del 90% de las muestras fueron positivas, dando como resultado que se trataban de especímenes de codorniz japonesa o híbridos de ésta.
La operación se ha llevado a cabo durante dos años, consiguiendo demostrar la comercialización por parte de diversas empresas de ejemplares pertenecientes a la especie codorniz japonesa (Coturnix japonica) para su suelta ilegal.
«Si bien su cría y comercialización está permitida para la venta destinada al consumo humano, se ha descubierto que estas empresas disponían de una línea paralela de producción cuyo destino era la suelta y liberación en cotos de caza y cotos de caza intensivos, actividad prohibida al tratarse de una especie exótica invasora», explica la Benemérita.
Las empresas investigadas criaron hasta 560.000 codornices en dos años
Según expone la Guardia Civil, entre enero de 2019 y septiembre de 2021 fueron comercializadas más de 560.000 codornices criadas en las empresas investigadas. Si bien este tipo de ejemplares es difícil que sobrevivan y críen en el medio natural si no son cazadas días después de su suelta, la Guardia Civil advierte que estos hechos podrían provocar la hibridación de la codorniz japonesa con la común.
La Guardia Civil recuerda que es la primera operación en la que se investiga desde el ámbito penal una actividad relacionada con la liberación de especies exóticas invasoras en la que se produce esta competencia entre especies.
