El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes el Anteproyecto de Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales aprovechando las vacaciones estivales, dando así un nuevo impulso a este polémico texto que ha generado un rechazo social mayoritario en España. En el mes de marzo desencadenó una de las mayores manifestaciones que se recuerdan en nuestro país, con la asistencia de más de medio millón de personas pidiendo su retirada en Madrid el pasado 20 de marzo.
Pero no solo el mundo rural ha pedido su retirada, sino que el texto también ha sido criticado por científicos, veterinarios, y hasta el sector de las mascotas. Sin embargo, ha encontrado apoyo en un minoritario sector: el de las protectoras de animales, las únicas beneficiadas por la dirección general de García Torres.
Las protectoras, formadas en su mayoría por militantes animalistas, han visto con buenos ojos la llegada de García Torres. Especialmente porque gracias a él este año tienen a su disposición 3.000.000 de euros de dinero público en subvenciones. También aplauden el Anteproyecto de Ley, puesto que les da protagonismo, las discrimina positivamente y deja la puerta abierta a recibir más subvenciones de las que ya disponen.
Una serie de privilegios que van desde reconocerlas como entidades capacitadas para impartir talleres de formación basados en su ideología, hasta hacer las veces de ‘policía animalista’ colaborando con los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. Y, por supuesto, propone nuevas formas de financiación para que los animalistas puedan seguir ingresando dinero público gracias a una extensa red de órganos ahora inexistentes. Hay tanta prisa por aprobarla, que el Gobierno ha decidido hacerlo con carácter de urgencia y ya la ha registrado en el Congreso de los Diputados.
Los chiringuitos de Sergio García Torres
Los ‘chiringuitos’ planteados a medida para las entidades de protección animal en la nueva Ley de Bienestar Animal comienzan a recogerse en el artículo 7 de su anteproyecto. Éste establece la creación del llamado Consejo Estatal de Protección Animal, que será un órgano colegiado consultivo de Coordinación entre Estado, comunidades autónomas y entidades locales.
Tras éste, también se crea el Comité Científico y Técnico para la Protección y Derechos de los Animales. Lo compondrán miembros de los diferentes ministerios relacionados con los animales además de «personas de reconocido prestigio en materia de protección animal», lo que deja la puerta abierta a enchufar a cualquier afín a la ideología animalista.
Animalistas asesores sin limitación
El artículo 7 del Anteproyecto se contempla la creación de Consejo Estatal de Protección Animal, cuyo único objetivo es crear una estructura para contratar a animalistas afines a la ideología de Sergio García Torres sin limitaciones. Como se puede ver, la puerta queda abierta a contratar a tantos afines como estimen oportunos con cualquier excusa. Por si quedaban dudas, ese artículo 7, establece que «el Consejo estará integrado por representantes de los departamentos ministeriales que, directa o indirectamente, ejerzan competencias relacionadas con el mundo animal o el medio en que se desenvuelvan, así como por representantes de las Entidades de protección animal y profesionales».
Un fondo para financiar al animalismo
En el artículo 24, el anteproyecto de ley de bienestar animal establece la creación del Fondo para la Protección Animal con los objetivos, entre otros, de «financiar y desarrollar acciones específicas relacionadas con la protección animal (…) e incentivar los estudios y prospecciones que persigan el desarrollo y actualización del Inventario Nacional de Protección Animal».
Esto se traduce en una vía adicional para financiar a las entidades animalistas, de nuevo casi con cualquier excusa. Según establece el texto «el Fondo estará dotado con las aportaciones que anualmente se consignen en los Presupuestos Generales del Estado».
Entre los artículos 27 y 28 se citan los Centros Públicos de Protección Animal, que serán uno propio por cada comunidad autónoma y uno propio o concertado por cada municipio mayor de 5.000 habitantes. De nuevo se abre la puerta a que las asociaciones animalistas obtengan financiación de los municipios mayores de 5.000 habitantes.
El vídeo denuncia de la RFEC
En el vídeo compartido por la Real Federación Española de Caza hace unos meses y que reproducimos a continuación también se citaba otras entidades de nueva creación -algunas estaban en el anterior borrador, que luego ha sido modificado- que del mismo modo se van a poner en marcha con la aprobación de la nueva ley de bienestar animal.
Se trata concretamente de: el Comité científico y técnico para la Protección y Derechos de los animales; el Observatorio Estatal contra el maltrato animal; el Registro Nacional de Entidades de protección animal; el Registro Nacional de Profesionales de comportamiento animal; el Registro Nacional de animales de compañía; el Registro Nacional de núcleos zoológicos de animales de compañía y el Registro nacional de profesionales de cría…
También destacan la creación de la Estadística de Protección Animal; el Inventario Nacional de protección animal; el Plan Nacional de protección animal; el Plan Nacional contra el maltrato animal; el Plan Nacional contra el abandono; las campañas de difusión públicas; los Programas de gestión y programas educativos y de sensibilización; el Fondo para la Protección Animal; los Programas de Formación a funcionarios; los centros públicos de protección animal; la formación para la tenencia de perros; las titulaciones profesionales para el fomento de las entidades de protección animal o las entidades de gestión de colonias felinas.
