El Gobierno ha dado un nuevo paso en el desarrollo de la Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, en vigor desde marzo del año pasado. Lo ha hecho al someter a consulta pública dos Reales Decretos, uno de los cuales creará un sistema de registro centralizado para todos los animales de compañía en España. Lo preocupante es que ese registro incluirá también los perros de caza y que los animalistas podrán acceder a los datos personales de sus propietarios.
Aunque los perros utilizados para la caza quedaron excluidos del ámbito de aplicación de la ley, este nuevo reglamento los incluye de lleno en la base estatal de datos. Todos deberán inscribirse en el futuro Sistema Central de Registros para la Protección Animal (SICERPA), detallando su identificación, especie, sexo, raza, fecha de nacimiento, datos veterinarios y, lo más polémico, el nombre y NIF del titular. Además, deberán indicar obligatoriamente que se trata de un «animal de uso cinegético».
Acceso para grupos animalistas
El borrador establece que el acceso al SICERPA no estará restringido únicamente a organismos públicos. También tendrán acceso las entidades de protección animal registradas, que podrán consultar los datos de identificación y personales de los propietarios, sin ningún tipo de restricción adicional. Esto incluye, por tanto, a los datos privados de los cazadores que registren perros bajo esta categoría.
Lo alarmante no es solo el acceso concedido, sino la facilidad para convertirse en una de estas entidades reconocidas. Según el texto, basta con estar legalmente constituido con la finalidad de proteger a los animales y tener un número de identificación fiscal. No se exige formación especializada, trayectoria previa, sede física ni garantías de que sabrán gestionar datos sensibles.
Persecución al colectivo cinegético
Tal y como ya adelantó Jara y Sedal, este aspecto ha encendido las alarmas en el mundo rural. La posibilidad de que grupos animalistas radicales puedan obtener datos personales de los cazadores representa una grave amenaza para su privacidad y seguridad. No es ningún secreto que muchas asociaciones animalistas mantienen un discurso abiertamente hostil contra la caza, e incluso promueven movilizaciones contra ella.
La plataforma No A la Caza, integrada por 84 entidades de protección animal, es un claro ejemplo. Entre sus miembros se encuentran colectivos como Galgos del Sur, conocidos por su actividad anticaza y por promover una imagen distorsionada del colectivo cinegético. Estas asociaciones utilizan las redes sociales para criminalizar sistemáticamente a los cazadores y, en algunos casos, se han negado a devolver perros extraviados al saber que pertenecen a alguien con licencia de caza.
Un problema de gran magnitud
El impacto potencial de esta medida es descomunal. Según datos de la Fundación Artemisan, en España existen actualmente unos 750.000 cazadores con licencia y cerca de 500.000 perros de caza. Todos ellos deberán figurar en este registro si el reglamento se aprueba, lo que expone de forma directa a cientos de miles de ciudadanos a posibles usos indebidos de sus datos.
El hecho de que estos datos estén disponibles para colectivos sin control público ni protocolos claros de actuación puede generar situaciones de acoso, intimidación o discriminación. La posibilidad de que cualquiera con una finalidad animalista y un NIF acceda a información protegida vulnera principios básicos de protección de datos y deja en situación de indefensión a un colectivo que ya ha denunciado en múltiples ocasiones el trato injusto que recibe.
El silencio del Ministerio
Pese a la trascendencia del asunto, el Ministerio de Derechos Sociales no ha ofrecido explicaciones sobre las garantías que protegerán estos datos ni sobre los límites del acceso por parte de entidades privadas. El texto permanece en fase de consulta pública, pero si se aprueba tal como está, marcará un antes y un después en la relación entre el mundo cinegético y las instituciones.
Las asociaciones de cazadores y diversos colectivos rurales ya preparan alegaciones formales al reglamento y alertan de que esta medida podría suponer una nueva escalada en la criminalización del sector cinegético. Habrá que ver si el Ejecutivo rectifica antes de convertir en norma una cesión masiva de datos a colectivos que han demostrado una profunda hostilidad hacia los cazadores.
