Ayer fue presentado en Madrid el nuevo «Estudio del impacto económico, social y ambiental de la actividad cinegética en España», un informe elaborado por Deloitte y promovido por Fundación Artemisan con el respaldo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El documento, que recoge datos clave sobre la magnitud de la actividad cinegética, ha revelado cifras que posicionan a España como una potencia indiscutible en este ámbito, tanto por su superficie como por su impacto económico y social.
Una superficie cinegética que supera a países enteros
España cuenta actualmente con 43,1 millones de hectáreas clasificadas como terreno cinegético, lo que equivale a aproximadamente el 85% del territorio nacional. Esta cifra sitúa a nuestro país muy por delante de otras naciones europeas: Alemania, con unos 35,7 millones de hectáreas de superficie total, y Dinamarca, con 4,3 millones, no alcanzan ni juntas el volumen de hectáreas que en España se destinan al aprovechamiento cinegético.
Este dato no solo es llamativo por su dimensión territorial, sino por lo que representa en términos de gestión del territorio, conservación ambiental y economía rural. La actividad cinegética, lejos de ser marginal, se integra de manera estructural en la geografía española, condicionando el uso del suelo en gran parte del país.
Predominio de la oferta privada y papel clave de los gestores
Del total de superficie cinegética española, un 86,7% corresponde a oferta privada, lo que subraya el papel crucial que desempeñan los titulares y gestores de cotos en la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. Las figuras jurídicas que más peso tienen en la gestión de estos espacios son las sociedades de caza, que gestionan directamente casi el 70% de la superficie, seguidas de gestores independientes y personas físicas.
El estudio también revela que el 47,5% de los cotos es gestionado por un gestor independiente, que no necesariamente es titular del terreno. Esto demuestra un modelo mixto en el que los propietarios, sociedades y empresas ceden la gestión a profesionales especializados para garantizar una explotación sostenible y compatible con la legislación y la conservación del medio.
Castilla y León, líder en extensión de cotos
En cuanto al reparto por comunidades autónomas, Castilla y León encabeza el ranking con 8,34 millones de hectáreas de terreno cinegético, seguida de Castilla-La Mancha (7,09 millones) y Andalucía (6,97 millones). En términos relativos, La Rioja destaca con un 98% de su territorio dedicado a esta actividad, junto a Navarra (94,3%) y Aragón (92,9%).
La mayoría de los cotos presentan un uso mixto, combinando caza mayor y menor, modalidad que se da en el 75,2% de los casos. Tan solo un 17,1% se dedica exclusivamente a la caza menor y un 7,7% solo a la caza mayor.
Impacto económico de más de 10.000 millones de euros
Uno de los puntos más destacados del estudio fue el impacto económico de la actividad cinegética en España. Según el informe, esta genera un impacto de 10.190 millones de euros en el PIB nacional, sostiene 199.000 empleos (de los cuales 45.642 son directos) y contribuye con 1.200 millones de euros en retornos fiscales.
Estos datos demuestran que la actividad cinegética no solo tiene un papel fundamental en la conservación y ordenación del territorio, sino que constituye una palanca económica esencial para el mundo rural, combinando aprovechamiento sostenible con dinamización social y económica en las zonas con menor densidad de población.
