La sentencia por uno de los casos de maltrato animal que más indignación generó en Andalucía ya es firme. Los dos responsables de ahorcar y arrojar por un precipicio a un podenco en el término municipal de Almogía (Málaga) han sido condenados a un año de prisión, una resolución en la que los cazadores andaluces desempeñaron un papel determinante al personarse como acusación popular a través de la Federación Andaluza de Caza (FAC).
Los hechos se remontan al 6 de febrero de 2021 y provocaron una fuerte reacción tanto dentro como fuera del colectivo cinegético. Desde entonces, la Federación Andaluza de Caza mantuvo su implicación en el procedimiento judicial con el objetivo de exigir responsabilidades a los autores de unos actos que considera incompatibles con los valores de la actividad cinegética.
La condena impuesta coincide exactamente con la petición formulada durante el juicio por los Servicios Jurídicos de la FAC. Además del año de prisión, los dos condenados perderán su licencia de caza y han sido inhabilitados durante cuatro años para la tenencia de animales. La resolución supone un respaldo a la actuación de la organización cinegética andaluza, que decidió intervenir en el proceso para defender la imagen de los cazadores y trasladar un mensaje claro frente a cualquier conducta relacionada con el maltrato animal.
La FAC reivindica el compromiso de los cazadores con sus perros
Tras conocerse la sentencia, la Federación Andaluza de Caza ha querido expresar públicamente la repulsa de los cazadores andaluces hacia este tipo de comportamientos. La entidad subraya que quienes protagonizaron estos hechos no pueden ser considerados cazadores por el mero hecho de disponer de una licencia.
En este sentido, la federación recuerda que la condición de cazador implica el respeto permanente a la legislación y el cumplimiento de unos principios éticos que forman parte de la propia esencia de la actividad cinegética. Especialmente cuando se trata de los perros de caza, compañeros indispensables para miles de aficionados en Andalucía y en el resto de España.
La FAC destaca que el colectivo cinegético mantiene un firme compromiso con el bienestar de sus animales y considera que actuaciones como la ocurrida en Almogía dañan gravemente la imagen de una actividad que no se entendería sin la figura del perro.
Una condena que marca distancia con los delincuentes
La federación considera que esta sentencia también sirve para evidenciar que los propios cazadores son los primeros interesados en perseguir y denunciar conductas delictivas relacionadas con el maltrato animal. De hecho, su participación como acusación popular fue decisiva para sostener la petición de condena durante el procedimiento.
Con este fallo judicial, los cazadores andaluces insisten en trasladar a la sociedad que no existe espacio dentro de la actividad cinegética para quienes vulneran la ley o actúan al margen de los valores que defiende el colectivo. La condena a los autores de la muerte del podenco supone, por tanto, una respuesta judicial a unos hechos que causaron una profunda conmoción y un nuevo ejemplo de la implicación de las organizaciones cinegética en la persecución de este tipo de delitos.
