La caza mayor puede deparar situaciones muy comprometidas si no se cumplen las normas y las autoridades lanzan un mensaje claro contra la picaresca que, cada año, amenaza con empañar la legalidad en los cotos. Un reciente caso en Badajoz pone de relieve las consecuencias de saltarse la normativa: un hombre fue sorprendido por el SEPRONA apostado a la retranca de una montería legalmente organizada, con un arma que no era suya y sin licencia para portarla.
Sorprendido en plena montería
Los hechos ocurrieron en febrero de hace dos temporadas en el término municipal de Puebla de la Reina, donde el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Hornachos desarrollaba un dispositivo de control contra el furtivismo. En el transcurso de la operación, los agentes detectaron la presencia de un hombre armado colocado estratégicamente en la conocida como línea de retranca, una práctica prohibida salvo excepciones muy puntuales.
La Ley de Caza de Extremadura especifica que dicha línea comprende una franja de 1.500 metros en torno a la mancha donde se desarrolla una batida. Solo en el caso de que la montería se celebre en zonas cerradas del coto podría autorizarse la actividad en ese margen, algo que no se cumplía en esta ocasión.
El furtivo emprendió la huida
Al detectar la presencia de los agentes, el implicado trató de huir del lugar, ocultando el arma entre la vegetación. Sin embargo, fue interceptado minutos después. La patrulla localizó una escopeta municionada, junto a varios cartuchos de bala, y procedió a identificar al sujeto.
En la inspección documental, se confirmó que no tenía permiso del titular del coto, ni contaba con la correspondiente licencia de armas. Para agravar aún más la situación, se descubrió que la escopeta no era de su propiedad y que la había tomado sin consentimiento del dueño legítimo.
Sanciones que pueden ser ejemplares
A raíz de estos hechos, la Guardia Civil le instruyó diligencias como investigado por presuntos delitos contra la flora y la fauna, así como por tenencia ilícita de armas. El caso fue remitido a los juzgados de instrucción de Villafranca de los Barros.
Según el artículo 87 de la Ley de Caza de Extremadura, el hombre podría enfrentarse a una multa de entre 2.501 y 50.000 euros, al tratarse de una infracción muy grave. Además, se contempla la posibilidad de que sea inhabilitado para cazar durante un periodo que podría oscilar entre los dos y cinco años. Un aviso contundente a quienes se planteen actuar al margen de la legalidad.
