Es la primera vez que en España un juez solicita prisión por maltratar animales, exactamente a 2.200. La expresidenta de la protectora de Torremolinos ingresará para cumplir casi cuatro años de cárcel.

Carmen Marín, ex presidenta de la protectora de Torremolinos / Fotografía: El País
Carmen Marín, expresidenta de la protectora de Torremolinos. / El País

Tal como ha informado El Mundo, el Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga hizo constar el pasado 9 de noviembre que Carmen Marín, exresponsable del Parque Animal de Torremolinos, debería ingresar en la cárcel voluntariamente en el plazo improrrogable de cinco días, bajo apercibimiento de acordar su busca y captura, tras ser condenada por el exterminio masivo de mascotas.
Desde 2008 hasta octubre de 2010, Marín sacrificó 2.200 animales a los cuales administraba productos eutanásicos en una baja dosis, por lo que se producían muertes lentas y agónicas.
En los periodos de verano llegaban a producirse hasta tres tandas de sacrificios cada semana, siendo tal el volumen de intervenciones que Marín compró 15 litros de eutanásico, 25 veces más de lo que se consume en una clínica veterinaria en el periodo investigado.
Además estaba acusada de intrusismo profesional, al administrar las dosis sin la presencia de un veterinario, y de falsedad documental, pero finalmente el magistrado no consideró que Marín firmara recetas a nombre de los veterinarios ni tampoco certificados de eutanasia ni que los expidiese de su puño y letra. Aunque sí se aprobó que presentaba listados manipulados de animales junto con las facturas por su incineración para que el Ayuntamiento las abonara.

La protectora sacrificaba de manera lucrativa

Por otra parte, el juez señaló que el número masivo de sacrificios tanto de perros como de gatos, tenían una finalidad “lucrativa, pues de esta manera las instalaciones de la asociación quedaban siempre libres para poder albergar y recibir nuevos, cobrando una aportación por cada animal”.
Aparte de la pena de prisión deberá abonar una multa cercana a 25.000 euros atendiendo a la capacidad económica de la acusada, que cuenta con más de una treintena de pisos y tres locales comerciales en Málaga capital.