La medida, que se aplica por cuarto año consecutivo, afecta a áreas de los municipios de Villablino, Palacios del Sil y Murias de Paredes. El objetivo es claro: evitar molestias durante el periodo de celo de una especie que apenas supera los 200 ejemplares y cuya situación ya es crítica.

Durante este tiempo, queda prohibido el acceso, tránsito o permanencia entre las 23:00 y las 9:00 horas en los conocidos como cantaderos, enclaves donde los machos se concentran para atraer a las hembras. Se trata de un momento extremadamente sensible en su ciclo biológico. La decisión llega además en un contexto especialmente delicado tras los incendios forestales del verano de 2025, que afectaron gravemente a estas zonas y cuya repercusión sobre la población real del urogallo aún no ha sido actualizada oficialmente.

Un periodo clave para evitar el abandono de los cantaderos

El celo del urogallo es uno de los momentos más delicados para la especie. Al caer la tarde, los machos acuden a los cantaderos, donde pasan la noche, y al amanecer emiten su característico canto para atraer a las hembras. Cualquier alteración en este proceso puede tener consecuencias directas en su reproducción.

La administración autonómica advierte de que la presencia humana en estas franjas horarias puede provocar el abandono de los cantaderos, lo que comprometería aún más la viabilidad de una población ya muy reducida. No es una cuestión que debería pasarse por alto: el último censo previo a los incendios situaba la densidad de la especie entre León y Asturias en solo 209 ejemplares.

El urogallo cantábrico está catalogado como especie en peligro de extinción y en situación crítica, una categoría que obliga a extremar las medidas de protección. De ahí que se refuercen restricciones como esta, contempladas dentro del plan de recuperación aprobado por la Junta.

Urogallo. © Shutterstock

Multas elevadas y vigilancia reforzada en el terreno

El incumplimiento de estas limitaciones está considerado como una infracción grave según la Ley de Patrimonio Natural de Castilla y León. Las sanciones oscilan entre los 5.001 y los 200.000 euros, una horquilla que evidencia la importancia que se da a la protección de esta especie.

Las restricciones afectan a varias áreas críticas incluidas en zonas de especial protección para las aves (ZEPA), tanto en Alto Sil como en Omañas. En paralelo, se ha desplegado un operativo de vigilancia con agentes medioambientales, celadores y patrullas específicas de oso y urogallo. Además, se han instalado señales informativas en los accesos para advertir a los visitantes de la regulación temporal vigente. La Junta subraya que estas limitaciones están dirigidas exclusivamente al público general y no afectan a propietarios, vecinos con aprovechamientos autorizados o personal de servicios públicos.

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