Como ya propusieron durante el pasado mes de abril, el grupo parlamentario VOX ha vuelto a exigir al Gobierno de España que la caza sea reconocida como actividad esencial en el estado de alarma. «Asturias, Cataluña y Andalucía ya lo han hecho; Castilla-La Mancha y Castilla y León están tramitando la declaración, por tanto es menester que el Gobierno de España se implique en la declaración de la gestión cinegética como actividad esencial», ha declarado Ricardo Chamorro, diputado por VOX en Ciudad Real, en un vídeo difundido por la formación política en redes sociales.
Chamorro ha ahondado en la importancia de, en este estado de alarma, «controlar poblaciones, evitar siniestros de seguridad vial, hacer control de daños a la agricultura, control sanitario ante la amenaza de la PPA o promover la sostenibilidad de ingresos de empresas cinegéticas y entornos rurales donde la gestión cinegética es fundamental para su economía», ha defendido.
Por su parte, Ángel López, diputado por VOX en Guadajalara, ha defendido la caza «como actividad esencial y herramienta clave para mantener las poblaciones de determinadas especies en el medio natural, cumpliendo así una función primordial en la gestión de nuestros ecosistemas y en la supervivencia de la actividad económica en el mundo rural».
VOX también propone en el Congreso que no se prohíba la caza y la pesca en Parques Nacionales
El Grupo Parlamentario VOX presentó el pasado mes de septiembre una Proposición No de Ley sobre el fin de la moratoria y reforma de la prohibición de cazar y pescar en los Parques Nacionales.
Ante la finalización el próximo 5 de diciembre de la moratoria contenida en la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, VOX defiende que a pesar de que dicha Ley dispone que «en los casos en que la adecuación afecte a derechos de terceros, las administraciones públicas promoverán las celebración de acuerdos voluntarios o, en su defecto, aplicarán los procedimientos de expropiación forzosa o rescate de los correspondientes derechos», a fecha de hoy no se ha producido ni lo uno ni lo otro, a pesar de haber transcurrido más de 6 años desde que la vigente Ley de Parques Nacionales impusiese esta obligación.
