(Noticia actualizada a las 22.46 horas)
PP y VOX cerraron ayer un acuerdo histórico para garantizar el nuevo Gobierno en Andalucía en torno a un documento de 37 puntos. En uno de ellos, inédito en la historia de nuestra democracia para los cazadores, ambas formaciones se comprometían a «reconocer la importancia de la actividad cinegética para el mantenimiento de nuestro medio rural y la conservación de la fauna y los espacios naturales».
Sin duda alguna, el hecho de que la caza sea protagonista en un documento como este, que sirve de llave para que el PP acceda por primera vez al Gobierno de Andalucía, es un un hito sin precedentes, consecuencia directa de la campaña #LaCazaTambiénVota puesta en marcha por la Federación Andaluza de Caza y de la implicación de PP y VOX. Tal y como su presidente, José Mª Mancheño, reconocía ayer a Jara y Sedal, están «muy satisfechos de que la caza haya sido unas de las medidas objeto del acuerdo que permitirá la investidura del nuevo presidente de la Junta de Andalucía».
No obstante, ese «reconocimiento» no tiene el mismo grado de blindaje ni relevancia que solicitaba inicialmente VOX al PP, a quien en su primera propuesta exigía una «Ley de protección de la tauromaquia y de la actividad cinegética, que reconozca y valore la aportación económica y ecológica de estas dos realidades tan ligadas a Andalucía». Tras la negociación, la tauromaquia sí consiguió ese compromiso legal del PP, que en el caso de la caza se quedó en un mero «reconocimiento».
¿Por qué cambió la propuesta de blindaje de la caza?
Tal y como VOX ha reconocido a Jara y Sedal a través de Antonio de Miguel, su vicesecretario nacional de formación y responsable de Educación y Deportes en el consejo político del partido, «es el PP es el que ha forzado a que se rebaje la protección que, como todo el mundo sabe, proponíamos para la caza». Y añade: «Nosotros propusimos el mismo nivel de concreción y protección para la caza que para las toros, pero las negociaciones fueron duras y el PP no nos dio opción. Él tendrá que decir por qué lo ha hecho».
Desde el entorno del Partido Popular de Andalucía, sin embargo, desmienten estas declaraciones y se defienden: «Este punto es un reconocimiento, un acuerdo de mínimos a partir del cual construir y desarrollar futuras propuestas». Y aseguran a Jara y Sedal: «somos favorables a desarrollar una ley específica para la caza, algo que en la actualidad no existe».
Por su parte, De Miguel reconoce que los 12 diputados de VOX no son suficientes para sacar adelante todas las medidas que plantean, pero asegura que «cuando tengamos la masa muscular suficiente tendremos una ley de protección cinegética tanto a nivel regional como nacional». «Nosotros tenemos claro que la caza es una herramienta gestión del medio necesaria, por motivos ecológicos, sociales, económicos y de libertad», asegura a Jara y Sedal.
¿Qué pasará en Andalucía?
Aunque no haya quedado plasmado en el acuerdo, VOX sostiene que insistirá en el Parlamento Andaluz con su idea inicial de proteger por ley la actividad cinegética: «forma parte de nuestra hoja de ruta y no vamos a renunciar a ella ni en Andalucía ni en España», asegura De Miguel. También anuncia que tienen pensado impulsar un plan nacional de compromiso y desarrollo rural sostenible en el que la caza será uno de los principales actores. «Ese plan también se impulsará a nivel regional en Andalucía».
En cuanto al silvestrismo, el partido que lidera Santiago Abascal aún no se quiere pronunciar: «este tema está en manos del comité ejecutivo nacional, que es quien tiene que aprobarlo, pero mi voluntad personal es la de aprobarlo y que se defienda esta modalidad tan importante», apunta Antonio De Miguel.
Subvenciones a grupos ecologistas
VOX quiere acabar también con la «red clientelar» que, según sostienen, hay creada en torno a las subvenciones que reciben los grupos ecologistas en toda España. «Conozco muy bien este mundo porque yo personalmente pertenecí a Lobo Marley y descubrí estos intereses y conveniencias y los denuncié», desvela De Miguel a Jara y Sedal. «Conozco ese lado y los grupos ecologistas se tendrán que financiar exclusivamente de las aportaciones de sus socios, por lo que nos opondremos a que reciban fondos públicos», concluye.
