El pasado mes de agosto, el Consejo de Estado solicitó al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) un informe sobre los planes de gestión del lobo desarrollados por las comunidades autónomas. Este órgano consultivo entendía que los argumentos aportados por el MITECO no eran suficientes para respaldar la orden ministerial que prohibirá la caza del lobo y, por eso, pidió al Ministerio que acreditase que la especie está desprotegida con la actual normativa de las comunidades afectadas. Ahora, tres semanas más tarde, se ha pronunciado y le exige «mayor rigor y base científica» para llevar a cabo la medida.
El Mundo ha tenido acceso al informe de cuatro páginas, firmado por la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, y dirigido a Teresa Ribera, a la que exige que «justifique con mayor rigor y detalle la base científica que avala la inclusión de las poblaciones de lobo localizadas al norte del Duero en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial».
En agosto, Ribera tuvo que acreditar la necesidad de realizar ese cambio de catalogación en comunidades como Galicia, Castilla y León, Cantabria y Asturias, las que concentran la mayor población de lobo de España y que votaron en contra de su blindaje. Si bien el Consejo de Estado es un órgano consultivo, la demanda ‘enfrió’ los planes del Gobierno, pero no impide que sigan con su empeño de acabar con la caza del cánido, a pesar de todo.
Además, llamó la atención que el MITECO sometiera a audiencia de las comunidades autónomas que integran la Comisión estatal en un plazo de 7 días hábiles, en pleno mes de agosto, cuando la mayoría del personal de las administraciones públicas estaba de vacaciones.
Más sobre las exigencias del Consejo de Estado a Ribera
Las exigencias del Consejo de Estado al ministerio de Teresa Ribera, a quien devuelve el expediente con la orden para prohibir la caza del lobo al norte del Duero para que incorpore la documentación que se considera necesaria para dictaminar el asunto, pasan también por reclamarle que exponga «los motivos por los que se estima que los planes de gestión acordados por las comunidades autónomas no contribuyen eficazmente a la protección de la especie y a su mantenimiento en un estado de conservación favorable».
«La memoria también tiene que concretar las razones por las que procede la entrada en vigor inmediata de la orden proyectada», remarca el Consejo de Estado, quien va más allá y recuerda al Ministerio de Transición Ecológica que «dada la controversia que esta cuestión ha suscitado durante la tramitación del expediente es preciso que la misma sea tratada detenidamente, teniendo en cuenta las consecuencias que pudieran derivarse de la falta de aprobación de la nueva estrategia de conservación y gestión del lobo en el plazo fijado».
¿Por qué no existe un censo actualizado del lobo en España?
El último censo nacional del lobo en España se realizó entre los años 2012 y 2014. En total, en ese periodo, se contaron 297 manadas. Desde entonces, se ha constatado la creciente expansión de la especie, fundamentalmente hacia el sur peninsular, y su dispersión demográfica en el noroeste.
Según explica en declaraciones a Jara y Sedal el científico Mario Sáenz de Buruaga Tomillo, «los censos nacionales de lobos se suelen hacer cada cinco o diez años. Una especie como esta tampoco es que cambie de año a año, pero en algunos lugares como Castilla y León o Galicia, las poblaciones sí han variado en los últimos tiempos». Este científico sabe de qué habla, puesto que ha dirigido el censo del lobo en Castilla y León, Cantabria, La Rioja y País Vasco.
Las comunidades loberas ya anunciaron la realización de su propio censo
Mientras que el MITECO de Teresa Ribera no parece interesado en saber el número de lobos reales antes de prohibir su control, las principales comunidades autónomas que cuentan con lobos en su territorio ya han anunciado que realizarán el suyo propio a finales del presente año o durante el próximo, según señaló a finales de junio el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones.
Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León elaborarán este conteo de los ejemplares para después plantear un texto alternativo y de modificación de la Estrategia para la Conservación y la Gestión del Lobo, que data de 2005. También anunciaron que si el Gobierno hace efectiva la prohibición acabarán llevando la cuestión ante los tribunales, tal y como ha corroborado hoy José Ángel Arranz Sanz a Jara y Sedal.
