La Unión Europea (UE) ha aprobado este lunes la Ley de Restauración de la Naturaleza. Se trata de la primera normativa que, además de conservarla, obligará a los Estados miembro a restaurar sus ecosistemas.
Las medidas recogidas en el texto han despertado una gran polémica en cierta parte de la sociedad y esto, en gran parte, se debe a que se ha interpretado como una amenaza al mundo rural.
De la negativa de siete países a su aprobación
Lo último que supimos acerca de esta ley es que varios Estados miembro se habían posicionado abiertamente en contra. A estos, que por el momento eran siete, se unió recientemente Hungría para incrementar la negativa a una norma que busca restaurar los hábitats dañados para el año 2050.
Esta lista se completa con Finlandia, Suecia, Países Bajos, Austria, Polonia, Bélgica e Italia, quienes consiguieron constituir una minoría de bloqueo que impidió la aprobación definitiva de la ley.
En cambio, ha sido el cambio de rumbo de Austria, quien se ha pasado al bando del ‘sí’, lo que ha permitido que, finalmente, el Consejo de la UE haya alcanzado por la mínima la mayoría cualificada necesaria para su aprobación.
Resulta llamativo este giro de guion del que Austria ha sido protagonista, teniendo en cuenta los meses de manifestaciones de sus agricultores que tuvieron lugar para oponerse a esta norma. Sin embargo, un portavoz de la cancillería federal ha anunciado que el país va a presentar un recurso de anulación de la ley ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Teresa Ribera celebra la aprobación de la Ley de Restauración de la Naturaleza
Como ya ha venido demostrando desde que se comenzó a trabajar en esta ley, Teresa Ribera, vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, no ha dudado en celebrar el triunfo de esta normativa.
Varapalo a Teresa Ribera y la Ley de Restauración de la Naturaleza: Europa hace caso al mundo rural
Cabe recordar que el texto de esta ley, entre sus medidas para rehabilitar, al menos, el 20% de las zonas terrestres y marinas de la UE para el año 2030, así como todos los ecosistemas degradados de cara al 2050, establece obligaciones y objetivos en diferentes ámbitos de actuación como son las tierras de cultivo, los ríos y los bosques.
Asimismo, también lo hace en zonas urbanas para tratar de ir revistiendo, de una forma gradual, los daños ambientales ocasionados por el cambio climático y la actividad humana descontrolada. Ante ello, el sector agrícola ha asegurado que esto sería una amenaza para su estilo de vida.
Una vez aprobada, la norma obligará a los agricultores, entre otros aspectos, a abandonar un 10% de las tierras cultivables y podría poner en riesgo la seguridad alimentaria, ya que limita el uso de fertilizantes químicos sin que existan alternativas viables.
