El paquete de políticas verdes emprendida por la Comisión Europea de Ursula von der Leyen tiene como una de sus propuestas la Ley de Restauración de la Naturaleza. Desde que se dio a conocer, esta se ha convertido en motivo de muchas protestas del mundo rural que se ven por toda Europa.

Se podría considerar una de las normativas que más polémica ha generado a lo largo de la legislatura y ya han sido varios los países que han impedido que se produzca su aprobación definitiva.

A esa lista, que hasta el momento estaba conformada por un total de siete Estados miembro, ahora se ha unido un octavo. Se trata de Hungría y, de este modo, se une a ese rechazo hacia la norma que busca restaurar los hábitats dañados para el año 2050.

Ocho países de la Unión Europea impiden la Ley de Restauración de la Naturaleza

El Consejo de la UE y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo que llevó a que, a finales del pasado mes de febrero, el pleno de la Eurocámara respaldara dicha ley. Tan solo faltaba un paso para su aprobación definitiva y este era la ratificación de los Estados miembro.

En cuanto a la posición de España, Teresa Ribera, vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, siempre se ha mostrado a favor de apoyar esta normativa y así lo ha hecho finalmente.

De hecho, antes de la reunión celebrada por los ministros europeos de Medio Ambiente, afirmó a la prensa que «para la Unión Europea sería un enorme fracaso no tener un compromiso de restauración de la naturaleza. La naturaleza no admite pausas recreo, como el cambio climático no admite pausas recreo».

Contrario a esto ha sido el caso de Finlandia, Suecia, Países Bajos, Austria, Polonia, Bélgica e Italia que, junto con la reciente unión de Hungría, han constituido una minoría de bloqueo que ha impedido la aprobación definitiva de la ley.

Así es la ley de Restauración de la Naturaleza

De manera más concreta, cabe destacar, para tener una idea más clara de dicha normativa, que su objetivo es rehabilitar, al menos, el 20% de las zonas terrestres y marinas de la Unión Europea para el año 2030, así como todos los ecosistemas degradados de cara al 2050.


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Con este fin, establece obligaciones y objetivos en diferentes ámbitos de actuación como son las tierras de cultivo, los ríos, los bosques… así como las zonas urbanas con el fin de ir revirtiendo, de manera gradual, los daños ambientales ocasionados por el cambio climático y la actividad humana descontrolada.

Todo ello, según la consideración del sector agrícola, representa una amenaza para su estilo de vida y pone en riesgo el sector primario. Entre otras cosas, obligaría a los agricultores a abandonar un 10% de las tierras cultivables y pondría en riesgo la seguridad alimentaria, ya que limita el uso de fertilizantes químicos sin que existan alternativas viables.