El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dictado una sentencia que da la razón al Ministerio de Interior y anula algunos de los artículos del Decreto 249/2019, de 26 de noviembre, por el que se aprobó el Reglamento de Armas del Cuerpo de Agentes Rurales de Cataluña.
La normativa se puso en marcha a raíz del asesinato en 2017 de dos agentes rurales leridanos en Aspa a manos de un furtivo que fue condenado por la Audiencia de Lleida a 45 años de prisión. El Gobierno catalán dio luz verde dos años después al decreto por el que se aprobaba el reglamento de armas de los agentes rurales, que pretendía reforzar la seguridad del colectivo, un trámite que estaba pendiente desde el año 2003 y que avalaba la mayoría de los efectivos del cuerpo.
El Ministerio del Interior interpretó que la competencia era del Estado
Sin embargo, el Ministerio de Interior presentó un recurso al considerar que la competencia en cuanto a la materia de armas es estatal y que el reglamento invadía sus funciones. El TSJC le ha dado ahora la razón y ha anulado algunos de los artículos del reglamento, según una sentencia que avanzó ayer TV3.
El TSJC concluye que el Reglamento de Armas de los Agentes Rurales debe ser autorizado por la Guardia Civil y que, de momento, no lo ha hecho. Por ello, anula el uso de defensas o bastones extensibles al tratarse de armas prohibidas salvo para funcionarios especialmente habilitados. Tampoco permite a los agentes rurales modificar las características de las armas sin conocimiento de la intervención de armas de la Guardia Civil y aprobación en su caso del Ministerio de Defensa.
En esta misma línea, el texto de la sentencia también concluye, según adelantó el citado medio, que no es competencia de la Generalitat imponer a los agentes la obligación de llevar armas de fuego de gestión o defensivas, ni tampoco tramitar o renovar las licencias de armas.
El reglamento, que tenía que regular los requisitos para poder utilizar las armas, la formación, las condiciones y todas las medidas necesarias, queda así parcialmente anulado.
Los agentes rurales piden al Govern que recurra la sentencia
La sentencia supone un revés para la Generalitat y para los Agentes Rurales, que llevaban años reclamando una normativa que garantizara su seguridad y que se adaptara a sus funciones. La Associació Professional d’Agents Rurals y los sindicatos han lamentado la decisión judicial y han pedido al Govern que recurra la sentencia y que negocie con el Estado una solución.
El pasado mes de noviembre se incorporaron en Cataluña 55 nuevos agentes rurales en la primera promoción después de 11 años sin convocatorias. El objetivo de la Administración regional es llegar a los 800 efectivos a principios de 2025, tal y como aseguró el presidente, Pere Aragonès, en la celebración del Día de los Agentes Rurales.
El protocolo a raíz del asesinato del furtivo
Tras la criminal conducta del individuo que acabó con la vida de los dos agentes rurales en Aspa, los agentes rurales elaboraron un vídeo donde mostraban el protocolo a seguir cada vez que fueran a realizar una inspección a un cazador.
Las imágenes levantaron ampollas entre el gremio cinegético ya que muchos aludieron que el asesino confeso no era cazador, sino un furtivo. Un individuo que no contaba con los requisitos legales para practicar la caza y que ya había sido denunciado en dos ocasiones por agentes rurales.
Según se mostraba en el vídeo, los agentes rurales que localizasen a un cazador y tuvieran la intención de registrarlo, comunicarían a control sus coordenadas, procederían a acercase y dar el alto a la persona en cuestión y la desarmarían para, por último, mientras uno de los agentes permanecería con un arma en guardia baja, solicitarle la documentación pertinente.
