Teófilo de Luis, ex Diputado por Madrid Grupo Parlamentario Popular, relata su experiencia en la defensa de la caza como miembro del Congreso y augura un buen futuro: «Se demostrará en relación a la preocupación que hoy afecta a los cazadores de Castilla y León y a aquellos afectados por la Ley de protección de animales en la Comunidad Autónoma de La Rioja».
1/3/2019 | Teófilo de Luis Rodríguez
En la tercera semana de febrero, anunciada la disolución de las Cámaras por el Presidente del Gobierno para el 5 de marzo, tuve ocasión de mantener dos debates con representantes del Ejecutivo en donde el eje central de ellos era la caza y también la pesca.
El primero de ellos, celebrado en el Pleno, en el desarrollo de la pregunta oral que formulé al Gobierno, a su representante, el Ministro de Cultura y Deporte, y por ello, en ese momento voz autorizada del Grupo Socialista, coincidió en los argumentos que yo había manejado, reconociendo que la caza era tradición, que significaba un firme compromiso con la conservación del medio ambiente y además era generadora de empleo y renta y, por ello, contribuía a luchar de forma eficaz contra la despoblación del medio rural.
El segundo debate, celebrado en Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Secretario General de Agricultura también se manifestó dispuesto a que nuestro Gobierno en Bruselas continuara trabajando para demostrar a las autoridades comunitarias que el silvestrismo no entraba en conflicto con la Directiva de Aves.
Ambos debates aun cuando se han celebrado en precampaña electoral, dejan muy claro en nombre del Grupo Socialista que la caza, tal y como venimos defendiendo desde el Grupo Popular, es una actividad absolutamente normal, ajustada a Derecho y que aporta grandes beneficios al interés general del país como también satisface intereses legítimos de muchos ciudadanos.
Para mí, que desde hace más de veinte años mantengo una relación fluida y continuada con el sector cinegético en general que me ha permitido identificar problemas y trabajar desde el Congreso de los Diputados por su solución (simplificación trámites licencias, accidentes en carretera, penalización del furtivismo, entre otros) resulta muy satisfactorio observar cómo, si en un principio en la Legislatura 1996 — 2000 las iniciativas que planteábamos para debate causaban cierta sorpresa en el ámbito político y costaba mucho esfuerzo sacarlas adelante, hoy, tanto la caza como en la pesca, son actividades que de forma mayoritaria los Partidos con representación en la Cámara valoran positivamente.
En ningún momento, ni yo ni mis compañeros del Grupo Parlamentario Popular, dudamos de la necesidad de debatir e ilustrar a nuestros colegas en el Congreso de los Diputados de los aspectos positivos de esta actividad y, por ello, así lo hicimos tanto cuando nos encontrábamos apoyando al Gobierno como cuando fuimos oposición.
En el escenario antes descrito se han producido dos situaciones que han generado incertidumbre y preocupación, especialmente en el mundo de la caza. El primero de ellos es un auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por el que se suspende de forma cautelar el Decreto 10/2018, de 28 de abril por el que se modifica el Decreto 32/2015 de 30 de abril que pretendía incorporar posiciones marcadas por la Unión Europea y por órganos Jurisdiccionales en relación a las especies de fauna salvaje que pudieren considerarse especies cinegéticas. Si bien la sorpresa inicialmente generó una enorme preocupación en el mundo de la caza, según algunas opiniones incluidas las del firmante de este artículo, se puede entender que queda vigente la norma que pretendía modificar y que hacía posible la práctica de la caza en Castilla y León antes de abril del 2018. Aun así y todo, dejando muy claro que las sentencias se acatan aun cuando no se compartan, la Junta de Castilla y León ya ha fijado criterio y es evidente que reaccionará de forma Inmediata para lograr la tranquilidad y la seguridad en la práctica de la caza.
Tampoco debemos de olvidar que la Ley 8/2018, de 28 de noviembre, de protección de los animales en la Comunidad Autónoma de la Rioja ha generado también honda preocupación dando lugar, incluso, a un recurso ante el Tribunal Constitucional al entender que vulneraba determinados preceptos recogidos en nuestra Constitución. En este caso también es evidente el compromiso claro del Partido Popular de corregir aquellos preceptos de la norma responsables de una fuerte contestación social.
Para mí, personalmente, me resulta un honor que las dos últimas intervenciones que desarrollo como miembro del Congreso de los Diputados, tras ocupar un escaño por el Grupo Parlamentario Popular desde 1995, hayan sido en los debates antes señalados en defensa, una vez más, de la caza. Tampoco voy a ocultar que para mi y mis compañeros es una satisfacción que en el camino que emprendimos solos hoy tengamos compañía y ello significa la tranquilidad para la caza y los cazadores en relación a su futuro y así se demostrará en relación a la preocupación que hoy afecta a los cazadores de Castilla y León y a aquellos afectados por la Ley de protección de animales en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
