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La asociación ecologista que ha paralizado la caza en Castilla y León y Madrid ha sido subvencionada con 22 millones durante el Gobierno de Sánchez

SEO/BirdLife, detrás de las suspensiones de caza en Madrid y Castilla y León, acumula 21,85 millones en ayudas públicas concedidas desde 2022. De ellos, 18,58 millones proceden de organismos estatales durante los gobiernos de Sánchez.

La suspensión de la caza de cinco especies de aves en Castilla y León vuelve a poner el foco sobre SEO/BirdLife y su financiación pública. La organización ecologista que promovió la paralización de nueve aves en Madrid ha impulsado ahora otra solicitud de medidas cautelares, según ha confirmado a Jara y Sedal Santiago Iturmendi, presidente de la Federación de Caza de Castilla y León.

La dimensión económica de la entidad quedó reflejada en la investigación publicada por Jara y Sedal y Cazaflix: 21.854.844,31 euros en subvenciones concedidas entre febrero de 2022 y septiembre de 2026. De esa cantidad, 18.579.147,70 euros corresponden a organismos estatales durante los gobiernos de Pedro Sánchez.

De Madrid a Castilla y León: las suspensiones avanzan en plena temporada

El último episodio afecta a la becada, la avefría, la agachadiza común, la agachadiza chica y el silbón europeo en Castilla y León. Iturmendi ha confirmado a esta revista que la solicitud de la medida cautelar procede de SEO/BirdLife y ha desmentido que los zorzales estén incluidos en la suspensión, como se había difundido en redes sociales.

La noticia llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid suspendiese cautelarmente la caza de nueve especies tras un recurso de la misma organización. Como adelantó Jara y Sedal el pasado 8 de octubre, aquel procedimiento afectó a perdiz roja, codorniz común, becada, zorzal alirrojo, zorzal real, paloma zurita, paloma bravía, corneja negra y urraca.

Perdiz roja
Perdiz roja. © Shutterstock

Para los cazadores, sociedades y titulares de cotos, estas decisiones suponen revisar jornadas y aprovechamientos que habían organizado conforme a la normativa autonómica. Las medidas son cautelares y afectan a determinadas especies, pero sus consecuencias se producen durante la campaña, mientras los procedimientos judiciales siguen su curso.

Los 18,58 millones del Estado forman parte de un total de 21,85 millones

La investigación económica permite distinguir el origen de las ayudas. Los organismos estatales concedieron 18.579.147,70 euros; las administraciones autonómicas, otros 2.807.860,62 euros; y las entidades locales, 467.835,99 euros. La suma alcanza los 21,85 millones identificados en el trabajo publicado por este medio. Todo el periodo analizado transcurre bajo gobiernos presididos por Pedro Sánchez. La cifra estatal permite, por tanto, cuantificar las concesiones de organismos de su Ejecutivo durante esos años.

La principal entidad concedente es la Fundación Biodiversidad, con 12.760.941,42 euros, equivalentes al 58,39 % del total. Al agrupar los organismos incluidos en el análisis bajo el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la cantidad asciende a 18.085.273,70 euros, el 82,75 % de todas las subvenciones examinadas. Esta cifra ya incorpora las ayudas de la Fundación Biodiversidad.

Parte de los programas utiliza fondos europeos canalizados a través de organismos españoles. Esa procedencia ayuda a entender cómo se financian las convocatorias, aunque todas las cantidades siguen teniendo un origen público y están vinculadas a finalidades y condiciones concretas.

Grandes proyectos y ayudas que se repiten cada año

Entre las partidas destacadas figura una concesión de 2.416.028,33 euros para la participación de SEO/BirdLife en LIFE Humedales. También aparecen ayudas relacionadas con programas de bioeconomía, recuperación de espacios naturales urbanos, actuaciones forestales y mejora ambiental en Doñana.

Solo seis de las grandes ayudas de la Fundación Biodiversidad recogidas en la investigación suman 8.385.798,91 euros, algo más del 38 % del total. Algunas financian actuaciones de varios años, por lo que sus importes no deben interpretarse como ingresos o gastos correspondientes únicamente al ejercicio en el que se aprobaron.

Otra de las cantidades identificadas es una partida de 700.000 euros en cada uno de los años 2022, 2023, 2024 y 2025. En conjunto son 2,8 millones, ya incluidos en los 21,85 millones. Para 2025, el análisis publicado describe una subvención directa destinada a fomentar la participación de SEO/BirdLife en el Consejo Asesor de Medio Ambiente, con actividades como informes, formación, voluntariado y comunicación. También constan 260.000 euros anuales en 2023, 2024 y 2025 para participar en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.

Subvenciones aprobadas

El trabajo de Jara y Sedal y Cazaflix se elaboró a partir de los registros de la Sociedad Española de Ornitología, denominación jurídica de SEO/BirdLife. Los datos se descargaron el 9 de octubre de 2026 y fueron revisados antes de su publicación, el día 15. El periodo de concesiones estudiado alcanza septiembre de ese año.

Los 21,85 millones reflejan ayudas aprobadas, no pagos comprobados, beneficios de la asociación ni ingresos de un solo ejercicio. Algunas partidas corresponden a proyectos plurianuales y otras amplían cantidades concedidas anteriormente.

Una financiación millonaria sometida al interés público

Las nuevas suspensiones vuelven a dar actualidad al examen de esas ayudas. La organización que solicita restricciones judiciales sobre aprovechamientos cinegéticos cuenta, al mismo tiempo, con una financiación pública continuada y de considerable volumen. Conocer las cantidades, las finalidades y los resultados de los programas resulta relevante para los contribuyentes y para el sector afectado por sus actuaciones.

La investigación identificó quién aprobó las subvenciones y a qué programas pertenecen. Completar su seguimiento exige comprobar cuánto se pagó finalmente, qué actuaciones se ejecutaron y qué resultados aceptaron las administraciones. En los proyectos que siguen en marcha, esa evaluación deberá atender también a sus plazos de ejecución.

Mientras tanto, cazadores y sociedades de Madrid y Castilla y León afrontan cambios en sus temporadas a raíz de las medidas promovidas por SEO/BirdLife. Los 18,58 millones concedidos por organismos estatales y los 21,85 millones del conjunto de las administraciones aportan una dimensión económica al debate: la de los recursos públicos aprobados para una entidad cuyas actuaciones están teniendo consecuencias directas sobre la actividad cinegética.

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