El movimiento ecologista español está completamente politizado y entregado al discurso de la izquierda, la cual lo mantiene otorgándole millonarias cantidades de dinero público. Eso explica su silencio durante la última legislatura de Pedro Sánchez y ante la tramitación de la Ley Animalista, la cual supone una grave amenaza para la biodiversidad, tal y como advirtieron más de 900 científicos antes de que fuese aprobada.
La última muestra de este servicio de entrega a la izquierda lo acaba de protagonizar el grupo ecologista SEO/BirdLife, quien acaba de atacar a la Junta de Extremadura, gobernada por el Partido Popular con el apoyo de Vox, por autorizar la caza en el Parque Nacional de Monfragüe para controlar la población de ciervos y jabalíes. Lo ha hecho organizando una recogida de firmas a través de redes sociales en la que carga contra el ejecutivo de María Guardiola y pide que «cumplan con la adecuada gestión del espacio protegido» y que garanticen «la conservación de la biodiversidad por encima de cualquier otro interés».
Sin embargo, el mismo grupo no ha llevado a cabo ninguna acción contra el Gobierno de Castilla-La Mancha, gobernado por el PSOE. Se da la circunstancia de que esta comunidad, liderada por Emiliano García Page, también ha autorizado la actividad cinegética en el Parque Nacional de Cabañeros por idénticos motivos al extremeño. En cambio, en este caso, los ecologistas no han decidido atacar al ejecutivo de izquierdas. ¿Por qué?
La Administración recurre a la caza para salvar el Parque Nacional de Cabañeros dos años después de prohibirla
Tal y como adelantó en primicia Jara y Sedal, el Plan de Gestión de Ungulados de Cabañeros, publicado en abril de este año, permite «el empleo de artes cinegéticas o piscícolas, siempre y cuando no se organicen ni publiciten como actividad deportiva o recreativa, sino como actuación de control de poblaciones, se hayan utilizado tradicionalmente y no produzcan efectos negativos en el medio ambiente». Esto se traduce en que en este espacio natural también se puede cazar, pero sin llamarlo caza.
La caza, necesaria en Monfragüe
Hay que recordar que la caza en los parques nacionales se prohibió en 2020, pero tras tres años en los que las poblaciones de ciervos y jabalíes se han disparado en algunos de estos espacios, ha habido dos de ellos donde la Administración ya ha aprendido que es un tremendo error no contar con la gestión cinegética.
Uno de ellos ha sido el Parque Nacional de Monfragüe, en Extremadura, donde la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, anunció en octubre que se iban a realizar batidas sin perros en los terrenos públicos del parque y que se iban a dar pasos para reintroducir la caza en montería -ahora sí con la ayuda de las rehalas- en las fincas privadas. Según la consejera, esta medida era necesaria para frenar la sobrepoblación ungulados, que además de afectar al ecosistema, ha provocado que se tripliquen los casos de tuberculosis bovina.
El PSOE destinó casi 10 millones de euros a ecologistas y animalistas
Hay que recordar que el PSOE al que SEO/BirdLife ayuda políticamente destinó casi 10 millones de euros de los presupuestos generales de 2023 para ecologistas y animalistas, lo que supera con creces el dinero destinado en España a la jefatura del Estado (Casa Real) o al emprendimiento industrial.
Concretamente, a SEO/BirdLife le llegó más de un millón de euros en diferentes partidas de subvenciones, algo que probablemente haya tenido que ver con la diferencia de rasero en la toma decisiones internas a la hora de criticar las acciones que se llevan a cabo en uno y otro parque, dependiendo de quién gobierne.
Las consecuencias de no cazar en los Parques Nacionales
La prohibición de la caza en los Parques Nacionales ha tenido unas consecuencias negativas enormes. Según un informe elaborado elaborado por la Universidad Politécnica de Madrid, la Cátedra de Parques Nacionales, en colaboración con la propia Red de Parques Nacionales, la prohibición ha provocado la degradación de los hábitats y la pérdida de biodiversidad, además de la posible extinción local de algunas especies de flora, debido al impacto de la población de ciervos.
También ha causado graves problemas sanitarios entre los cérvidos, que pueden transmitir la tuberculosis a los animales domésticos de los alrededores del parque, perjudicando así al sector ganadero. Asimismo, la prohibición de la actividad cinegética ha generado una competencia por el alimento con otras especies de fauna, como el corzo y el conejo, que son fundamentales para la conservación de especies emblemáticas como el águila imperial. Recordamos también los posibles efectos negativos sobre la propia población de ungulados, que pueden sufrir por la falta de recursos tróficos.
A todas estas consecuencias hay que añadir el impacto económico que ha supuesto la prohibición de la caza, principal fuente de ingresos de la mayoría de las fincas de Cabañeros y Monfragüe. El informe reconoce que la caza ha sido además casi la única actividad económica que se ha desarrollado en estos espacios.
Por último, y no menos importante, recordamos que la prohibición también ha tenido y tendrá un alto coste para el contribuyente. El estudio estimó las indemnizaciones por la pérdida de la actividad cinegética en el parque en 320 millones de euros.
