El presidente de la Real Federación Española de Caza, Manuel Gallardo, ha enviado una carta a los recién nombrados ministros de Agricultura, Transición Ecológica, Deportes y Derechos Sociales, con el objetivo de mantener conversaciones para trabajar en la defensa de la caza durante la presente legislatura que acaba de comenzar.
En los documentos remitidos a Luis Planas, Teresa Ribera, Pilar Alegría y Pablo Bustinduy, la RFEC ha solicitado sendos encuentros para abordar la situación de la actividad cinegética en España y exigir la participación del sector en la elaboración de los distintos proyectos y leyes que puedan afectar a la actividad cinegética durante los próximos cuatro años.
Ante estos próximos cuatro años, el presidente de la RFEC espera que el principal partido del Gobierno, el PSOE, «cumpla su compromiso firmado con el sector cinegético en la campaña electoral y ponga en marcha una mesa de trabajo para seguir potenciando y poniendo en valor una actividad fundamental a nivel social, económico, medioambiental y cultural».
Con respecto al nombramiento de Pablo Bustinduy como ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Manuel Gallardo espera que no siga la hoja de ruta animalista y anticaza de Podemos durante la pasada legislatura y «trabaje con todos los sectores que puedan verse afectados por las distintas normas que emanen de su ministerio y tengan que ver con el bienestar de los animales».
Mesa de diálogo del PSOE con el sector en las leyes que afecten a la caza
En la pasada campaña electoral, el PSOE se comprometió con la RFEC y el sector cinegético a la puesta en marcha de una mesa de diálogo para abordar los distintos proyectos legislativos que afecten directamente a la actividad cinegética, buscando soluciones viables y consensuadas con el sector.
Otras de las medidas firmadas por el PSOE son la defensa de los cazadores españoles en Europa, los controles poblacionales a través de acciones cinegéticas, la elaboración de un Plan Nacional de Gestión del Lobo, la promoción y puesta en valor de la caza, el reconocimiento y respeto social; la participación de los cazadores en órganos consultivos y de decisión, la promoción de la licencia interautonómica, la dotación de fondos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el furtivismo o el fomento de medidas agroambientales necesarias para la recuperación de la caza menor.
