La prohibición de cazar en Parques Nacionales que entrará en vigor el próximo 5 de diciembre, una vez finalizada la moratoria establecida para la Ley 30/2014, de 3 de diciembre de Parques Nacionales, tendrá graves consecuencias socio económicas para los municipios del entorno de estos espacios.
Según señala la Fundación Artemisan, esta medida no solo afectará a los propietarios de las fincas, que tendrán que ser recompensados con importantes indemnizaciones que saldrán del bolsillo de todos los españoles en un momento tan complicado como el que afronta el país, sino que también agravará la ya complicada situación de la economía de la zona.
Sin la caza, aumentará el paro y se abandonarán más pueblos
La prohibición proyectada supondrá un aumento del desempleo y, por supuesto, un mayor abandono del medio rural, precisamente en un momento en el que el país necesita que todos sus recursos sean debidamente aprovechados y cuando la despoblación se ha posicionado como un problema de gran relevancia en la agenda política y social. Y es que muchos de los habitantes de los pueblos situados en el interior del Parque o en zonas limítrofes viven de la caza y, sobre todo, de las monterías que se organizan en las fincas situadas en el interior del Parque.
A ello se suman dueños de hoteles, restaurantes, gasolineras, rehalas y muchos colectivos y negocios más que también resultarán afectados. En este sentido, la Fundación Artemisan ha coordinado la elaboración de un informe con las universidades de Extremadura y Castilla-La Mancha, que revela que en la última década los municipios del entorno de los Parques Nacionales de Monfragüe y Cabañeros han perdido población, renta y empleo. En concreto, los 14 municipios del entorno de Monfragüe (declarado Parque Nacional en 2007) han perdido un 2 % de su población en los últimos 10 años, a lo que se suma el descenso de la renta familiar disponible en todos los pueblos de la zona y un aumento del 82 % del número de parados.
El prohibicismo hunde a la España vaciada, según un estudio
En todos los casos, la evolución de estas estadísticas es peor a la registrada en el conjunto de la provincia. Si hablamos de Cabañeros, su zona de influencia está formada por 6 municipios que, desde la declaración de Parque Nacional en 1995, han perdido casi un 19 % de la población, mientras que el paro ha aumentado más de un 40 % en la última década.
Por todo ello, del informe se desprende que es imprescindible abrir un debate sobre el desarrollo de actividades tradicionales en los Parques Nacionales y señala que no parece razonable renunciar al aprovechamiento de los recursos endógenos, siempre y cuando se haga bajo los principios de una adecuada gestión.
Para tratar de evitar las graves consecuencias de esta medida, la Fundación Artemisan ha puesto en marcha una ronda de reuniones con los diferentes partidos políticos, representantes de medio ambiente en el Congreso y el Senado y con los ministerios de Agricultura y Transición Ecológica, con el objetivo de proponer alternativas y buscar soluciones a esta preocupante situación que, si nadie lo remedia, supondrá un golpe definitivo a la España vaciada el próximo 5 de diciembre.
