Las cámaras trampa son una herramienta clave para la gestión de fincas de caza, tanto por el conocimiento que proporciona de las especies cinegéticas para determinar la calidad de los trofeos, su densidad, su estructura… pero no todo el mundo piensa igual. Y si no que se lo pregunten a los cazadores del estado estadounidense de Arizona, a los que se les prohibirá a partir de la próxima temporada del uso de estas herramientas para preparar sus jornadas cinegéticas.
Los cinco miembros de la Comisión de Caza y Pesca del estado votaron de forma unánime el pasado 11 de junio para prohibir el uso de estas cámaras «con el propósito de localizar o capturar fauna silvestre», que a la postre es para casi todo para lo que un cazador usaría una cámara de fototrampeo. La prohibición entra en vigor el 1 de enero de 2022.
Con esta decisión, Arizona se convierte en el primer estado norteamericano en prohibir las cámaras de fototrampeo para los cazadores, no solo durante la temporada, sino también para la exploración antes o después de ésta en terrenos públicos y privados.
Un proceso que se inició el pasado mes de octubre
El proceso comenzó en octubre pasado cuando la oficina del gobernador aprobó un período de elaboración de reglas de emergencia basado en la afirmación de la Comisión de Caza y Pesca de que «las cámaras de seguimiento representaban una amenaza inmediata para la salud y la seguridad públicas» debido a conflictos de colocación de cámaras. En diciembre, la comisión votó para considerar ese posible cambio de reglamentación y abrió un período de alegaciones públicas que se extendió del 1 de enero al 1 de febrero, durante el cual recibieron miles de correos electrónicos, cartas y llamadas telefónicas.
Las razones argumentadas por la Comisión de Caza y Pesca para prohibir las cámaras trampa
Pero poco le importó a la comisión. Entre otras razones argumentadas por ésta para la prohibición de su uso se recogían que la tecnología de estas cámaras «pueden crear una ventaja injusta para los cazadores», el «conflicto entre los cazadores» para su colocación y la «perturbación de la vida silvestre mediante visitas frecuentes para instalar y comprobar las cámaras de los senderos», además de otros como «perturbar el pastoreo del ganado en tierras públicas y tomar fotografías de personas sin su permiso».
No obstante, varias organizaciones de cazadores del estado han pedido pruebas de que las cámaras afecten a la ganadería o amenacen la seguridad pública, según amplía el medio especializado Fiel and Stream.
