La Ley de Protección Animal de La Rioja ha sido derogada por el Parlamento de la región a propuesta del Partido Popular, tal y como adelantaron el pasado 19 de julio. Los populares han contado con el apoyo de los dos diputados de Vox. Su portavoz, Ángel Alda, ha exigido que esta medida no sea solo un «lavado de imagen» y se anulen del mismo modo otras leyes.
La «popular» Cristina Maiso ha justificado la tramitación urgente y en lectura única de la proposición de ley de anulación de esta ley, ya que solo tiene un artículo.
Una ley que no evitó el abandono animal
Maiso ha afirmado que es «urgente» anular esta ley, «más que declarar un parque natural», en referencia a la Ley del Parque Natural del Alto Najerilla aprobada por el anterior Gobierno socialista.
Ha argumentado que la ley «está generando muchos problemas y no está sirviendo a la finalidad para la que nació». «Una inseguridad que hace que no pueda permanecer ni un minuto más», ha asegurado recordando que el Partido Popular «siempre se opuso» a ella.
«Estamos aquí porque el PP tiene el mandato de cambiar las cosas», ha dicho al tiempo que ha anunciado que «fomentará un proceso para tener una buena ley que respete a los animales y los derechos de los sectores que trabajan en ellos».
Por su parte el portavoz de Vox, Ángel Alda, ha visto que anular una ley con un «efecto tan limitado» es un «lavado de imagen» del PP, por lo que ha pedido al presidente «popular», Gonzalo Capellán, «plazos para anular otras leyes ideológicas».
Así pues, ha mostrado su «agrado» y ha confiado en que «esto sea algo más que un gesto» y el Partido Popular «se aleje de los planteamientos auspiciados por la izquierda».
Finalmente ha celebrado «públicamente» la anulación de esta ley y ha reclamado al Partido Popular que no abrace la ley nacional, dado que «perjudica españoles honrados que cuidan a los animales».
Nueva ley en septiembre
Ha cerrado el debate la consejera de Agricultura y Ganadería, Noemí Manzanos, y ha asegurado que «desde una actitud de trabajar desde el consenso con las entidades», se comprometen a traer al Parlamento una nueva ley en el mes de septiembre.
