El Partido Popular ha hecho público su programa electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre. El documento, titulado «Reconstrucción Nacional», incluye un compromiso con la caza sostenible, aunque lo hace de forma genérica, sin concretar qué normas cambiaría, con qué plazos ni con qué dotación presupuestaria. Las medidas concretas que el PP maneja para el sector cinegético no aparecen en este texto: fue Alberto Núñez Feijóo quien las detalló días antes en la entrevista concedida a Jara y Sedal, publicada antes de conocerse el programa, donde habló de una estrategia cinegética con presupuesto, una ventanilla única para licencias y trámites, el reconocimiento mutuo del cazador formado entre comunidades autónomas y la posibilidad de cobrar por servicios ambientales.
La promesa del programa: reducir trabas a la caza sostenible
La medida 207, situada en la página 66 del documento y dentro del bloque dedicado al mundo rural, aparece bajo el encabezado «Defenderemos la caza y su papel en el medio rural». Su formulación es directa: «Reduciremos las trabas a la caza sostenible y respaldaremos su contribución a la economía de los pueblos y al mantenimiento de la biodiversidad». El documento reconoce así a la actividad cinegética como parte de la economía rural y de la gestión del territorio, pero el compromiso programático no identifica qué obstáculos pretende retirar, qué normas modificaría ni cuándo comenzaría a hacerlo. Es, en ese sentido, un punto genérico que no entra en las cuestiones concretas que Feijóo sí había detallado previamente a este medio.
En la entrevista con Jara y Sedal, el presidente del PP explicó que, aunque el programa electoral aún no se había hecho público en el momento de esa conversación, el partido ya contaba con un «Libro Blanco para el mundo rural y costero» que incluye tres medidas concretas para la caza sostenible: el reconocimiento de la caza como herramienta ordinaria de gestión de poblaciones cuando concurran razones ambientales, sanitarias, económicas o de conservación; la posibilidad de que los cazadores obtengan ingresos por los servicios ambientales que prestan; y la simplificación de trámites mediante un módulo cinegético en la ventanilla única, la gestión digital de licencias y la consolidación del cazador formado con reconocimiento mutuo entre comunidades autónomas. A ello suma un compromiso con la recuperación de la caza menor y la mejora de sus hábitats, sin detallar todavía actuaciones, presupuesto ni criterios de ejecución. Ninguna de esas tres medidas aparece desarrollada con ese nivel de detalle en el programa ahora publicado.
Ese reconocimiento mutuo del cazador formado podría facilitar trámites y reducir duplicidades administrativas entre comunidades, pero no equivale por sí solo a una licencia única de caza para toda España: la fórmula concreta y su encaje con las competencias autonómicas quedan pendientes de desarrollo.
El PP ha concurrido a esta precampaña después de que la Real Federación Española de Caza (RFEC) impulsara un decálogo de compromisos políticos dentro de la campaña ‘La Caza También Vota’, dirigido a los partidos que se presentan a las elecciones del 29 de noviembre. Según la información disponible, el PP no ha firmado, de momento, ese decálogo, a diferencia de lo que en la entrevista con este medio Feijóo dio a entender sobre su respaldo al documento.
Tres decisiones para los primeros cien días
Preguntado por las medidas que adoptaría al comienzo de un eventual mandato, Feijóo señaló en la entrevista tres actuaciones concretas, que tampoco figuran desarrolladas en el programa electoral. La primera sería remitir a la Comisión Europea, durante la primera semana de Gobierno, el informe sexenal sobre fauna silvestre que, según afirmó, está aprobado por expertos de todas las comunidades autónomas y lleva «más de un año paralizado» por el Gobierno actual. Sostuvo que ese documento permitiría cumplir la Directiva Hábitats y abordar el control poblacional de las especies que no estén en situación desfavorable, incluido el lobo. La remisión del informe no implicaría de forma automática autorizar la caza de una especie: cualquier cambio dependería de su situación jurídica, de los resultados técnicos y de las decisiones administrativas de cada territorio.
La segunda medida sería poner en marcha, dentro de los primeros cien días, un Programa Nacional de Medidas Preventivas frente a la Fauna Silvestre que, según el candidato, incluiría expresamente la actividad cinegética como herramienta de prevención de daños, junto con mastines, cercados y sistemas de alerta temprana. La tercera sería activar la revisión de la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética para el periodo 2027-2035, que a diferencia de la anterior incorporaría memoria económica, indicadores de seguimiento, evaluación de resultados y mecanismos de coordinación con las comunidades autónomas, integrada con las políticas forestales, rurales, de biodiversidad y de sanidad animal.
Feijóo defendió en esa conversación un enfoque de salud integrada —lo que en círculos técnicos se conoce como one health, es decir, vigilar de forma conjunta la salud animal, la de la fauna silvestre y la salud pública— y puso como ejemplo la gestión del jabalí y la peste porcina africana en Cataluña, que calificó de «descontrolada» casi un año después de iniciarse el brote. Los datos oficiales más recientes, del 5 de noviembre, sitúan el balance en 79 focos y 424 jabalíes positivos en 13 municipios catalanes, con las granjas comerciales sin registrar ningún contagio hasta la fecha, según la información difundida por el Ministerio de Agricultura. El candidato no precisó qué ministerio asumiría las competencias estatales sobre caza ni confirmó la creación de una dirección general específica, aunque insistió en que la gestión cinegética no sería una política «aislada» ni «residual».
El lobo: protección al ganadero y gestión con criterios técnicos
El lobo sí aparece recogido en el programa, en la medida 198, en la página 65, dentro de las propuestas para proteger los ingresos de agricultores y ganaderos. El compromiso literal es «garantizar la protección de los ganaderos frente al lobo asegurando, al mismo tiempo, su conservación y equilibrio con criterios técnicos». El texto electoral no contiene una promesa expresa de autorizar su caza ni precisa qué controles se aplicarían, en qué territorios o con qué participación de los cazadores.
La entrevista con Feijóo añadió que el informe sexenal de fauna silvestre serviría para decidir sobre el control de las especies que no estén en situación desfavorable, incluido el lobo, y que el programa preventivo frente a la fauna silvestre contemplaría también esta especie. Pero ninguna de las dos medidas despeja por sí sola el régimen jurídico que tendría el lobo en cada zona, que depende de la normativa europea y estatal vigente y de las competencias autonómicas. Conviene recordar que la protección del lobo ya se modificó en marzo de 2025, cuando el Congreso aprobó eliminar su inclusión en el listado de especies de protección especial al norte del Duero, lo que en la práctica permite su caza en esa zona desde entonces, mientras al sur del río sigue protegido.
Ley de Montes e ingresos ambientales para el cazador
La medida 206, también en la página 66 del programa, plantea reformar la Ley de Montes para facilitar la prevención de incendios, impulsar los aprovechamientos forestales y adaptar la fiscalidad a los ciclos de producción del monte. Estas decisiones podrían afectar a terrenos con aprovechamiento cinegético, especialmente cuando la gestión del hábitat coincida con desbroces, conservación de masas forestales o trabajos de prevención de incendios, aunque el programa no las presenta como ayudas específicas para los cotos.
En la misma página, la medida 205 propone crear ingresos adicionales por los beneficios ambientales que generan agricultores, ganaderos, pescadores y titulares forestales, mencionando conceptos como el carbono, el agua y la biodiversidad, sin establecer una remuneración concreta para los titulares de cotos. Feijóo sí fue más allá en su entrevista con este medio: anunció que los cazadores podrían obtener ingresos por los servicios ambientales que prestan, incorporando las actuaciones cinegéticas a una futura Ley de Ingresos por Beneficios Ambientales, con incentivos fiscales asociados. La propuesta, de nuevo, no figura con ese grado de desarrollo en el texto del programa, y todavía falta conocer quién podría solicitar esos ingresos, qué actuaciones serían reconocidas y de dónde saldría la financiación.
Leyes animalistas, licencia única, plomo y silvestrismo
El documento electoral no recoge compromisos específicos sobre perros de caza, munición de plomo, silvestrismo o derogación de la legislación de bienestar animal, ni formula una promesa expresa de implantar una licencia cinegética única en todo el país. En la entrevista con Jara y Sedal, Feijóo aseguró que el compromiso del PP de revisar las leyes animalistas «era firme y lo sigue siendo» y recordó el papel de su partido para que los perros de caza quedaran excluidos del ámbito de la ley estatal de protección de los derechos y el bienestar de los animales. No concretó, sin embargo, qué artículos derogaría o modificaría ni estableció un calendario legislativo, y tampoco confirmó expresamente si suprimiría la Dirección General de Derechos de los Animales: se limitó a prometer reducir el gasto y el aparato administrativo que considere excesivo, en particular en los órganos que calificó de «ideológicos».
Las propuestas generales del programa sobre revisión de ayudas y subvenciones no identifican un recorte dirigido específicamente a organizaciones ecologistas, por lo que no cabe presentar esa posibilidad como un compromiso electoral concreto. Las posiciones que Feijóo trasladó en su entrevista con este medio amplían las que ya expuso en una entrevista anterior, antes de las elecciones de 2023, añadiendo plazos para sus primeras actuaciones y mecanismos administrativos y fiscales más definidos, si bien el programa recién publicado no traslada ese mismo nivel de concreción al texto oficial.
