La prohibición de la caza de la tórtola europea (Streptopelia turtur) en Portugal para la temporada 2021/22 entraba en vigor ayer 3 de agosto con el objetivo de proteger a la especie, que habría registrado un «descenso significativo», según publica Diário da República. Ahora los cazadores exigen una compensación por los gastos de alimentación de la especie y de organización de las cacerías.

En una ordenanza del Ministerio de Medio Ambiente, se destaca que «en la temporada 2021-2022 no está permitido el ejercicio de la caza de la tórtola común», dado que «las poblaciones de tórtola común (Streptopelia turtur) han mostrado un descenso significativo en los últimos años, a pesar de las medidas de protección ya tomadas, como la reducción del número de días de caza y los cupos diarios».

La Administración destaca que la medida de protección está en línea con decisiones similares tomadas en otros países como Francia o España argumentando que «así, se cumple la condición esencial para que esta medida tenga un impacto significativo en las poblaciones de tórtola común».

Medidas «insuficientes»

La medida ya había sido anunciada la semana pasada por el Instituto para la Conservación de la Naturaleza y los Bosques (ICNF), que además destacó que, en conjunto con organizaciones de caza y ONGs, ya se habían tomado medidas para limitar la caza de esta ave en los últimos años.

Sin embargo, según el ICNF, al ser insuficientes estas medidas, «se ha desarrollado junto con la Unión Europea un plan de acción internacional para la conservación de la tórtola común, que se implementará en 2028, así como un modelo de gestión adaptativa de la caza».

Los cazadores exigen una compensación por los gastos creados

El sábado, las Organizaciones del Sector de la Caza (OSC) criticaron a través de un comunicado la decisión del ICNF y exigieron una compensación. Argumentan que la decisión se comunicó a estas entidades por correo electrónico dos semanas antes de la apertura de la veda, «sin ninguna consulta y discusión con los interesados», después de que el 10 de mayo se publicara la orden que permitía la caza de la tórtola los días 15 y 22 de agosto y los días 5 y 12 de septiembre de 2021 hasta las 13:00 horas.

«Tal decisión nunca podría haberse tomado unilateralmente sin ninguna consulta y discusión con las partes interesadas», criticaron las OSC. Además destacaron las «enormes inversiones» realizadas en los cotos de caza para la gestión específica de la especie, la venta de puestos, la organización de viajes y las reservas de hotel. Las organizaciones cinegéticas han subrayado que las pérdidas derivadas de la prohibición «es algo de lo que el Estado portugués tiene que responsabilizarse».