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¿Por qué prohibir la caza del lobo en España puede ser negativo para la especie?

La mayor expansión del lobo ha tenido lugar precisamente en las regiones donde se caza para evitar conflictos con la ganadería. Acabar con la fórmula de la gestión poblacional que ha demostrado ser exitosa podría ser perjudicial para su conservación. Estos dos científicos reflexionan sobre ello.

Lobo ibérico. © Shutterstock

Por Carlos Díez y Carlos Sánchez (doctores veterinarios / Ciencia y Caza)

El lobo ibérico (Canis lupus signatus) es una de las especies más emblemáticas de la Península Ibérica, representante de la cúspide de nuestra cadena trófica junto con el lince ibérico y el oso pardo. Hasta mediados del siglo XIX su situación se podría considerar favorable, con presencia confirmada de poblaciones estables en la práctica totalidad de la geografía hispano portuguesa. Sin embargo, desde ese momento, comenzó un declive en sus censos.

Existen referencias que indican que, entre 1855 y 1859, se cazaron en España en torno a 15.000 ejemplares, principalmente en Sierra Morena, Montes de Toledo, Galicia y La Rioja. 100 años después, en la década de los 50 del siglo pasado el lobo ibérico marcó sus censos mínimos y su área de distribución se redujo de forma drástica, hasta quedar confinado en el extremo noroeste peninsular, con algún pequeño grupo aislado en el norte de Andalucía.

Esta presión fue tradicionalmente asociada a los daños provocados en la cabaña ganadera y también a una percepción social negativa, no sólo atribuible a estos daños de forma directa, sino también a numerosas leyendas que relacionan al lobo con experiencias desagradables para sus protagonistas. En palabras de Luigi Boitani (Dalla parte del lupo, 1986), «existen dos lobos, uno fantástico y otro real. El primero es la suma de una infinidad de historias, leyendas, cuentos, tradiciones, proyecciones de la fantasía (…). El segundo es el Canis lupus Linnaeus, 1758, un animal de carne y hueso (…) que constituye el objeto de estudio de la biología».

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Lobo Ibérico. © Shutterstock

En la actualidad, la situación legal del lobo ibérico en España es ciertamente compleja. A grandes rasgos, podríamos decir que es considerado como una especie cinegética al norte del río Duero, mientras que al sur se encuentra protegida, en virtud de lo establecido por la Directiva Hábitats de la Unión Europea, aprobada en el año 1992 y asumida por la legislación española en el año 1995. Esta directiva europea considera que las poblaciones loberas del sur deben ser consideradas de interés comunitario con carácter prioritario, debiendo designar zonas especiales de conservación. Por otro lado, como las competencias en materia de caza corresponden a las comunidades autónomas, la situación varía en cada caso.

En Castilla y León existía un plan de gestión de la especie que fue anulado por el Tribunal Supremo en diciembre de 2018. Además, una reciente sentencia, de diciembre de 2019, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló el plan de caza comarcal en terrenos cinegéticos ubicados al norte del río Duero entre 2016 y 2019 por no ajustarse al ordenamiento jurídico, condenando a la propia Administración autonómica a «reparar el daño causado» mediante la elaboración de un programa de recuperación de la especie que promueva su conservación la divulgación de su importancia, con un coste total que podría superar un millón de euros.

En el momento actual, la comunidad autónoma cuenta con un nuevo plan de caza para el lobo que contempla el control de 339 ejemplares al norte del río Duero en la comunidad entre 2020 y 2022. Al sur del río Duero el lobo se considera como especie no cinegética, de manera que las actuaciones de control que se llevan a cabo son efectuadas por personal de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente como herramienta para la gestión puntual de daños reiterados en la ganadería.

Caza por daños, efectiva y positiva para la especie 

Galicia cuenta con un Plan de Gestión del Lobo (Decreto 297/2008) y la especie es considerada como cinegética. Sin embargo, la orden anual de caza, que fija los periodos hábiles, sólo autoriza batidas tras comprobar la presencia de daños y demostrar que existen plenas garantías de conservación. Asturias también dispone de un Plan de Gestión (Decreto 23/2015) y, a pesar de que la especie se considera no cinegética en general, se establecen unos planes anuales de control poblacional.

El último plan presentado para el periodo 2019-2020, en septiembre de 2019, contemplaba un cupo máximo de extracción de 42 ejemplares. En Cantabria existe también un Plan de Gestión (Orden MED/5/2019) que considera el control de ejemplares a través de la caza para minimizar los daños causados, reducir el conflicto social o erradicar la mortalidad ilegal de la especie. 

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Foto: Shutterstock

En el País Vasco se consideraba no protegido en Álava y cinegético en Vizcaya. En la primera existe un plan de gestión (Decreto Foral 33/2010) cuyo objetivo es mantener el territorio en el actual estatus de contención del lobo, mientras que en la segunda se incluía en la orden general de vedas, estableciendo cupos en función de los daños ocasionados. Sin embargo, una reciente noticia, publicada el pasado mes de febrero, señala que el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco incluirá al lobo en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas (CVEA) con la categoría de interés especial que implica la elaboración de planes de gestión, seguimiento y vigilancia en el que participarán las diputaciones y los agentes implicados. Por último, en La Rioja se considera especie cinegética y se incluye en las órdenes anuales de caza.

Más lobos en las comunidades donde se caza

Como hemos apuntado, en virtud de los datos oficiales disponibles, la situación del lobo ibérico podría calificarse como estable, e incluso discretamente creciente, a la espera de confirmar esta tendencia con un nuevo censo nacional que no se realiza como tal desde hace más de un lustro y que en el momento actual se encuentra en ejecución.

Es necesario destacar también que, desde un punto de vista de gestión, las poblaciones más consolidadas y abundantes se encuentran en Castilla y León, donde se ha venido realizando un aprovechamiento sostenible que, lejos de provocar una reducción de las poblaciones, ha permitido incrementar los censos y recuperar áreas de distribución, siendo origen de los ejemplares que han ido llegando a comunidades como Madrid o Castilla-La Mancha.

Por otro lado es necesario tener en cuenta el elevado conflicto social, vinculado fundamentalmente a la ganadería extensiva principalmente en las zonas de expansión de la especie. Esta tensión supone un verdadero cuello de botella para su recuperación en esas regiones y se encuentra lejos del nivel de coexistencia existente en zonas donde nunca ha dejado de estar presente.

En territorios tradicionalmente loberos los ganaderos mantienen prácticas como el pastoreo o la presencia de perros mastines que reducen notablemente el número de daños. Además, es precisamente en esas áreas donde el lobo siempre ha estado presente y se consolida en las que la caza ha ido de la mano de esas medidas de coexistencia. En todo caso, es también sabido que la actividad cinegética supone una notable fuente de confrontación entre ecologistas y cazadores, que cuenta con un rechazo profundamente arraigado en los primeros, fundamentalmente vinculado a ámbitos urbanos, más que a los entornos rurales donde se realizan las capturas.

Una caza sostenible, la mejor solución

Por este motivo, la caza del lobo debe ser responsable y sostenible, basado en censos y planes integrales de gestión que permitan analizar la situación en conjunto y decidir cuáles deben ser los ejemplares a abatir en virtud de criterios técnicos, que no siempre coincidirán con los mayores trofeos, normalmente ostentados por ejemplares dominantes de las manadas, cuyo control podría suponer una desestabilización de las mismas y un incremento de los conflictos con las actividades ganaderas.

Por otra parte, se deben evitar medidas política o socialmente sensacionalistas, amparadas en su repercusión mediática que, tanto por exceso como por defecto, a buen seguro, no dejarán satisfecho a casi ninguna de las partes. Es imposible negar que la caza es, en sí misma, una actividad económica de gran importancia para nuestros entornos rurales y que supone un evidente elemento dinamizador y de desarrollo rural cuando es bien gestionada.

Generador de recursos

Por otra parte, también es una realidad palpable la demanda cada vez mayor de personas interesadas en disfrutar de la observación del lobo ibérico en libertad, en su hábitat natural, para impregnarse de una cultura de coexistencia y conservación real de la especie, con todos sus condicionantes. Esta demanda genera también un beneficio económico para el medio rural que, aunque aún se encuentra muy lejos del generado por la propia caza, cuenta con un potencial que también debe ser considerado.

Por todo ello, por el bien del lobo y de los habitantes de nuestros pueblos, responsables únicos de que hoy tengamos la enorme suerte de disfrutar de una especie tan emblemática, la caza y el turismo de naturaleza están condenados a entenderse y transmitir de una forma sensata y coherente la imagen del gran depredador ibérico por excelencia.

El ejemplo de Castilla y León: Caza de lobos = Conservación

Volviendo a Castilla y León, área principal desde la que se está produciendo la expansión del lobo ibérico, debemos destacar que, según el último censo oficial de la comunidad, publicado en marzo de 2015, se observó un incremento en el número de manadas de un 20% con respecto al censo anterior, de 2001. Al sur del Duero, donde se encuentra estrictamente protegida, el área de distribución aumentó un 26% y el número de manadas pasó de 17 en 2001 a 27; al norte, o el número de manadas aumentó de 132 en 2001 a 152, sobre todo en el tercio norte (reservas regionales de caza de León y Palencia, oeste leonés y la provincia de Zamora).

En definitiva, tomando como referencia los datos oficiales disponibles, podríamos decir que el lobo cuenta, en líneas generales, con una situación favorable en cuanto a su estado de conservación, de la mano, en muchos casos, de una gestión sostenible de sus poblaciones a través de la caza en reservas regionales de caza y otros terrenos cinegéticos.