El pasado jueves 26 de junio, el Gobierno hizo público el borrador del Real Decreto que desarrolla la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales. Esta norma, aprobada en marzo del año pasado, avanza ahora con nuevas propuestas que afectarán directamente a los dueños de perros, gatos y hurones. Una de las medidas más llamativas consiste en establecer una revisión veterinaria anual obligatoria, similar a la ITV de los vehículos.
El texto, en fase de proyecto, indica que todos los perros, gatos y hurones, con la excepción de los gatos comunitarios, deberán ser sometidos como mínimo a una revisión veterinaria al año. Aunque no se especifica la sanción concreta por incumplir esta obligación, la ley base establece que cualquier infracción que no cause daño directo al animal será considerada leve, con multas que van desde los 500 hasta los 10.000 euros.
Una medida que genera inquietud entre los propietarios
La posibilidad de recibir una multa de hasta 10.000 euros ha generado inquietud entre muchos propietarios de animales. A falta de desarrollo reglamentario, el temor a una interpretación estricta de la norma es evidente. Especialmente preocupados están quienes viven en zonas rurales o con bajos recursos económicos, donde los costes veterinarios pueden ser un obstáculo.
La equiparación de esta revisión con una especie de ITV animal no ha pasado desapercibida. Aunque la medida se justifica como una forma de garantizar el bienestar de los animales y detectar a tiempo posibles enfermedades, muchos consideran que puede tener efectos contraproducentes si se impone con carácter coercitivo en lugar de fomentar el cuidado responsable.
La Dirección General de Derechos de los Animales, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, es la encargada de impulsar este desarrollo reglamentario. Si se aprueba en los términos actuales, supondrá un cambio radical en la relación legal entre propietarios y veterinarios, convirtiendo una recomendación en una obligación sancionable.
Las multas ya están contempladas en la ley animalista
Aunque este Real Decreto está aún en fase de borrador, la ley 7/2023 ya contempla en su articulado sanciones para aquellos que incumplan sus preceptos. En concreto, indica que el no cumplimiento de las condiciones básicas de tenencia que no provoquen un daño al animal será considerado infracción leve, sancionable con apercibimiento o multas desde 500 hasta 10.000 euros. Esto abre la puerta a que, una vez aprobado el Real Decreto, no acudir al veterinario anualmente con tu perro o gato sea suficiente para recibir una sanción económica.
