El caso ha sacudido La Rioja por lo inesperado de su origen. Un docente de Logroño acabó en el punto de mira de las autoridades tras intentar deshacerse de dos aves naturalizadas que, según su versión, habían llegado a sus manos como un regalo y estaban destinadas a ser tiradas. Lo que parecía un simple intento de darles salida en internet terminó derivando en un procedimiento por posible delito contra la fauna.
Los hechos se remontan a 2024, cuando agentes forestales detectaron varios anuncios en una conocida plataforma de compraventa en los que se ofrecían dos ejemplares disecados. Aquella alerta activó una investigación conjunta entre el Gobierno de La Rioja y el SEPRONA de la Guardia Civil que acabó con la localización del vendedor.
En un primer momento, las aves fueron anunciadas como una garza real y un águila perdicera, lo que ya suponía una posible infracción grave al tratarse de especies protegidas. Sin embargo, tras su incautación y análisis, se confirmó que en realidad se trataba de un avetoro (Botaurus stellaris), catalogado en peligro crítico, y un busardo ratonero (Buteo buteo), protegido aunque de preocupación menor.
Una venta que acabó en investigación
La intervención de los agentes permitió retirar los ejemplares y ponerlos bajo custodia de la Dirección General de Medio Natural. Paralelamente, se identificó al vendedor, un hombre de 36 años, vecino de Logroño, que fue investigado como presunto autor de un delito contra la fauna recogido en el artículo 334 del Código Penal.
Este tipo de infracciones contempla penas que pueden ir desde multas económicas hasta prisión, especialmente cuando se trata de especies incluidas en catálogos de protección. El simple hecho de comerciar con ellas, incluso si están disecadas, está estrictamente regulado.
En este caso, el docente aseguró desconocer el valor y la protección legal de los animales. Según ha trascendido, su intención era deshacerse de ellos sin mayor pretensión, algo que no evitó la actuación de las autoridades al tratarse de un asunto de conservación de especies.
De una posible sanción elevada a una multa asumible
Aunque el procedimiento se inició con la amenaza de sanciones muy elevadas —que podían alcanzar los 200.000 euros en función de la gravedad—, recientemente se ha conocido a través de medios locales que el caso ha terminado con una multa de 240 euros, aceptada por el implicado.
Este desenlace reduce considerablemente el impacto económico para el docente, aunque pone de relieve la importancia de conocer la legislación en materia de fauna, especialmente cuando se trata de ejemplares protegidos, incluso si estos forman parte de antiguas colecciones de taxidermia.
El caso también ha servido para recordar que la compraventa de animales o sus restos, aunque procedan de situaciones aparentemente inocuas, puede tener consecuencias legales importantes si no se cuenta con la documentación o permisos adecuados.
