Pedro Morrás, secretario de la Federación Sectorial Armera, argumenta por qué la prohibición de la venta de detonadoras -por miedo a convertirse en armas de fuego- ha sido contraproducente. «Se sigue vendiendo igual pero sin trazabilidad, control o conocimiento».
9/7/2019 | Pedro Morrás
Hace más de dos años, la Dirección General de la Guardia Civil planteó la necesidad de tomar medidas para evitar la proliferación de detonadoras convertidas en armas de fuego real. Se nos indicó que el número de delitos cometidos con este tipo de armas reconvertidas convertían el asunto en una cuestión de seguridad ciudadana de extrema importancia. Desde la industria, como habitualmente pasa con los cazadores y tiradores, nos propusimos colaborar tratándose de un problema seguridad ciudadana.
Ante la necesidad de tomar medidas, el sector propuso varias: limitar los modelos susceptibles de venderse, asegurarse que la construcción fuera hecho con materiales que no soportará la presión y por lo tanto convertirse en armas de fuego, asegurarnos que el banco de pruebas garantizará que esto era así (hasta ese momento, por contrario, lo que se garantizaba es que soportaban sobre presión), etc.
Por contra la Dirección General de la Guardia Civil nos indicó que las medidas que proponíamos eran inaplicables y optó por una normativa que de facto se cargaba el 99,9% de las ventas de detonadoras. Prohibir siempre es más complicado que discurrir métodos ingeniosos para autorizar, pero ya advertimos entonces que España no era, ni es, una isla y que de facto estábamos convirtiendo un mercado controlado en un mercado incontrolado.
Efectivamente, las ventas de detonadoras se siguen haciendo exactamente igual, se compra a través de conocidas páginas web internacionales y en 24 horas se encuentran en el domicilio del comprador pero, ¿cuál es la diferencia con la situación anterior? Pues que simplemente antes sólo se podían vender a través de comercios controlados, con una identificación del adquirente y con trazabilidad con el arma. Ahora si hay un delito, la Policía y la Guardia Civil no tiene forma de seguir pista alguna por vía del arma.
Por ello, no nos sorprende una circular de la Dirección General de la Guardia Civil en la que recuerda a las armerías y otros comercios la normativa vigente, pide los datos de ventas -a pesar de que todos los meses estos datos son entregados puntualmente en la correspondiente Intervención- y pregunta, casi se diría que con una clara estupefacción perceptible en el escrito, si los comercios están cumpliendo la ley.
La circular refleja la incomprensión de la Dirección General de la Guardia Civil ante el hecho de que su problema con las detonadoras se mantenga, a pesar de haber eliminado este comercio para la industria nacional, sin medida correctora alguna, sin trazabilidad, control o conocimiento de lo que existe en España. Una vez más se ha demostrado que es mejor autorizar y controlar que prohibir.
