Por Nicolás Vicente Urbani Barrios. Asesor técnico veterinario de ARRECAL
Con el fin de la temporada ordinaria de caza algunos colectivos animalistas radicales han comenzado su ya habitual procedimiento de acoso y derribo al sector cinegético, con las ficticias acusaciones del abandono animal por este motivo y movilizaciones con 5 o 6 personas asistentes en las principales capitales del país.
Se puede denunciar esta falsedad con datos como las estadísticas oficiales de la Guardia Civil o los datos de la Fundación Affinity (pese a ser un muestreo extremadamente sesgado y obtenido en gran parte de protectoras ilegales sin registros oficiales). Pero, además, debemos recordar que en muchas Comunidades Autónomas la caza no termina en esta época, por ser esencial su ampliación para el control de poblaciones como el jabalí o el conejo (es más, en Aragón para este lagomorfo es obligatorio en los municipios con sobreabundancia controlar la población mediante caza hasta 21 días al mes, y uno de los métodos legales más eficaces para cumplir con esta imposición legal a los cazadores es la caza con perro); por tanto la generalización de ese falso motivo del abandono asociado al fin de la caza se diluye de manera evidente.
Sin embargo, se ha iniciado una negligente iniciativa desde la Dirección General de los Derechos de los Animales como órgano directivo de la Subsecretaría del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que asume las políticas del Gobierno de la Nación en relación con los derechos de los animales y su bienestar.
Para ello, se ha formalizado un procedimiento de recogida de información sesgada mediante encuesta digital, sin ningún tipo de rigor científico o técnico y basado en la teoría del bulo. Esta iniciativa gubernativa cita textualmente: “Una vez concluida la temporada de caza en la que son utilizados diferentes razas de perros y ante la imposibilidad de concretar el número de animales que son desechados tras la finalización de la actividad, desde la dirección general de derechos de los animales inician la recogida de datos de dichos animales que sean encontrados por entidades o particulares para establecer mecanismos posteriores de denuncia de abandono o maltrato, en el caso de que sean animales encontrados fallecidos, ante las autoridades policiales competentes y para elaborar diferentes valoraciones estadísticas. Es importante la recopilación de toda la información relacionada con dichos animales de cara a conocer el número de animales reales que se abandonan en esta época del año, coincidente con unos tipos de razas relacionadas con la actividad cinegética, de cara a la tramitación de denuncias y la implementación de mecanismos legislativos que eliminen esta situación de abandono recurrente”.
La criminalización injusta e institucional a colectivos como el de los cazadores o rehaleros por el mero hecho de serlos, en base a dogmas, manipulaciones sectarias e ideologías políticas se hace evidente en los siguientes aspectos de revisión del método de toma de datos:
¿Por qué no se centralizan los datos a través de los veterinarios como los únicos profesionales legalmente habilitados para realizar identificación animal de nuestros canes?
¿Por qué no se tiene en cuenta las recogidas realizadas por las autoridades competentes a nivel autonómico o local, como los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, o los funcionarios públicos encargados de los centros de protección animal de titularidad pública?
¿Cómo un ciudadano sin ningún tipo de cualificación en etnología canina para distinguir razas? ¿Puede valorar que un perro se emplea para cazar o no?
¿Por qué la encuesta no da opción a incluir el número de microchip del perro supuestamente abandonado para facilitar su trazabilidad y los procedimientos de sanción por abandono correspondiente?
¿Cómo se verifica la certeza de los datos cuando algunas protectoras ilegales y subvencionadas no disponen de ningún registro oficial certificado por la autoridad competente?
En definitiva, muchas incongruencias que permiten afirmar pericialmente que esos datos nunca podrían ser validados a nivel científico ni judicial. Por tanto, sorprende muy negativamente la falta de objetividad, profesionalidad y rigor de esta iniciativa desde el Gobierno de España. Al igual que la falta de corporativismos y cooperación con uno de los principales agentes implicados (aunque sea supuestamente), el colectivo cinegético.
Toda esta situación, requiere un enfoque holístico y una perspectiva más amplia del importante problema. Para analizar, reflexionar y contextualizar el “mascotismo ilustrado” destacan las conclusiones del I Foro Caza y Sociedad que fue organizado por ARRECAL, la Federación Andaluza de Caza y la Diputación de Córdoba, donde participaron expertos de primer nivel como Juan José Badiola, Christian Gortazar y Antonio Arenas. Todos ellos veterinarios, investigadores y catedráticos, pero además personas sensatas y de consenso. Las conclusiones de este Foro recogieron la necesidad de tener claros algunos principios y necesidades:
- Rechazo al maltrato animal
- Necesidad de mayores conocimientos científicos
- No a los planteamientos utópicos o irreales
- El crecimiento de la población urbana, y la perdida de conexión con el mundo rural están en el origen del animalismo
- Argumentos y razones frente a dogmas de fe y prejuicios
- Científicos y cazadores comparten su preocupación por las limitaciones al uso de animales
- No a la humanización de los animales
- Imposibilidad de equiparar a los animales con los seres humanos en materia de derechos
- La amenaza real y creciente del animalismo
- La pertinencia de una legislación reflexiva y realista
- El animalismo comparte rasgos de las religiones y las ideologías en las sociedades occidentales
- Existencia de una inseguridad jurídica
Sin embargo, frente a la ciencia y el sentido común existen magnos enemigos como el populismo y los intereses monetarios, pilares del animalismo más radical. Titulares de diarios sectoriales económicos como recogen y reflejan esta deriva: “la humanización de los animales domésticos destapa un gran potencial” o “Perros y gatos son los nuevos hijos”. Ojo al dato, según la Asociación Española de Distribuidores de Productos para Animales de Compañía (AEDPAC) sólo los productos alimenticios y sanitarios para mascotas mueven en nuestro país, más 1000 millones de euros al año (sin incluir los gastos veterinarios).
Este potencial está siendo aprovechado por los medios de comunicación, partidos políticos, asociaciones ecologistas, fondos de inversión, grandes fortunas internacionales… caiga quien caiga, y cueste lo que cueste. Tanto es así que se quiere imponer la supremacía de la doctrina animalista camuflada como bienestar animal sobre principios de derechos humanos fundamentales como el medio ambiente o la salud pública…
El mundo rural, estratégico a la vez que vulnerable, sustentado en la producción agrosilvopastoral, es el primer y principal pagano de esta nueva dictadura de la humanización animal. Aprovecho para recordar que la paciencia es una gran virtud que cultivamos la gente del pueblo, pero tiene un defecto importante, que no es infinita.
Reciente ejemplo de la imposición del “mascotismo ilustrado”, y de los engaños, propagandas y mentiras del animalismo radical infiltrado en las estructuras de poder de nuestro país, son las propuestas y ejecuciones de cierres de las granjas de visones por motivos de salud pública asociados al riesgo de transmisión del COVID19.
Esto conlleva el sacrificio indemnizado (que pagamos todos) y masivo de miles de estos mustélidos de aptitud peletera (para lo cual no ha habido ninguna contestación social o mediática y menos aún de los falsos protectores subvencionados de los animales; es más, lo han alentado). Sin embargo, ¿en caso de que se demostrara que las colonias felinas como sobrepoblaciones hacinadas de gatos, la gran mayoría carentes de una ordenación zootécnicosanitaria y de medidas de bioseguridad básicas fueran un riesgo importante en la transmisión o mutación del COVID19, se apoyaría la medida del sacrificio obligatorio por motivo de salud pública? Eso sin entrar en otros perjuicios graves que actualmente ya generan como afecciones a la biodiversidad, falta de higiene, atracción de jabalíes periurbanos, difusión de patologías zoonóticas… pese a las importantes líneas de ayudas económicas directas que reciben las protectoras para su gestión.
En este caso, me atrevo a vaticinar que con “la mascota hemos topado” en contra de la legislación básica estatal (y por tanto esencial) como la Ley 33/2011 General de Salud Pública y la Ley 8/2003 de Sanidad Animal. Recordemos también la movilización y presión mediática que generaron estos grupos sectarios radicales por el sacrificio legalmente obligatorio en 2017 del perro Excalibur para evitar la posible difusión del ébola en nuestro país.
Como dijo textualmente el Director General de Derechos de los Animales, D. Sergio García Torres, en la reunión que mantuvimos con la Real Federación Española de Caza: “no maltratan los cazadores, maltratan las personas”.
El sector cinegético, el ganadero, es decir, los pobladores del mundo rural, siempre se ofrece para el trabajo multidisciplinar y multisectorial con rigor técnico y científico de forma altruista, y son los primeros interesados en el bienestar y protección de los animales; pues para muchos de ellos, es su medio de sustento y de vida. Así pues, es esencial y urgente a nivel institucional, abandonar la teoría del bulo sustentado en las mentiras del animalismo radical que busca su lucro económico a toda costa y trabajar con los sectores ciertamente implicados en el bienestar animal real.
