5/10/2019 | Jaime Valladolid Periodista y Abogado especializado en Derecho Medioambiental y Rural | [email protected]

El título de este texto viene a cuento de una reunión que mantuve el pasado 27 de septiembre con varios ganaderos cántabros y asturianos afectados por los constantes ataques del lobo (Canis lupus signatus) a sus explotaciones. Mi intención era informarles de la posibilidad jurídica con la que cuentan para reclamar a la Administración los daños íntegros que sufren realmente.

Como siempre, gran acogida y un auditorio a rebosar que incluso se quedó pequeño por momentos. De hecho, algunos tuvieron que seguir la explicación desde una balconada del primer piso… y los menos afortunados hubieron de afinar bien sus oídos a las puertas de una sala de eventos del Consistorio de Cabuérniga, que muy amablemente nos prestó su Ayuntamiento para la ocasión.

No diré que me sorprendió, pues la misma melodía resuena con cierta frecuencia cuando informas a los ganaderos sobre cuáles son sus derechos y cómo pueden salvaguardarlos. Miedo… pero no a los lobos, ni a los osos, ni a los buitres que diariamente se ceban con su ganado. Los ganaderos tienen miedo a la Administración: a que tome represalias contra todos aquellos que osen defenderse de una de las mayores injusticias habidas y por haber. Porque con el sustento familiar no se juega, por mucho que a algunos parezca importarle bien poco y consideren -por los motivos que sean- que la protección de una especie animal lo justifica con creces. En esta situación querría ver yo a más de uno de estos maquiavelos…

Sí, están atemorizados a que les “frían” a inspecciones, a que no les certifiquen que los autores de estas masacres son el lobo, el oso o los buitres y, por ende, dejen de percibir las migajas que suponen las compensaciones establecidas unilateralmente por la Administración. Lamentable, sobre todo por lo paradójico que resulta sentir pánico de quien se supone que ha de velar por el bienestar de todos. Ojo, que no estoy acusando de nada a nadie. Simplemente me limito a trasladar en estas líneas -lógicamente, en la medida de lo posible- el sentir generalizado de un sector olvidado y cansado de recibir azotes. Y ya se sabe que el miedo es libre. Pero mi impresión es que lo sienten más de la Administración que de los que diariamente les quitan el pan de la boca a sus hijos.

No es el momento de ofrecer fórmulas mágicas para solucionar un problema tan complejo como el que se nos viene presentando desde hace años. Y, sinceramente, tampoco es mi labor. Sin embargo, quizás un muy buen primer paso fuese despojarnos de ese pánico -divulgado casi siempre sin fundamento alguno- y concienciar a la sociedad de que, si hemos decidido que estas especies han de ser tributarias de una protección medioambiental que impide a los particulares defenderse, es justo y de mérito que sea esa sociedad la que asuma el pago de sus daños. Pero, eso sí, la restitución ha de ser íntegra, pues el régimen de compensaciones actualmente establecido no deja de ser una muestra más de las injusticias que cientos de familias vienen padeciendo desde hace años. Quizás entonces, solo entonces, ganaderos, lobos y Administración tendrían el respeto y valor que se merecen.