El Gobierno dice haber contado con «todos los sectores» para crear su Ley animalista, pero ignoró al mundo rural
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha hablado de «consenso mayoritario» en cuanto al anteproyecto de Ley de Protección de Derechos de los Animales cuando en su presentación no se permitió acudir a la Federación de Caza.
Este miércoles 17 de noviembre ha tenido lugar en Extremadura la firma de un convenio en materia de dependencia a la que han asistido el presidente de la región, Guillermo Fernández Vara, y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.
Durante su comparecencia, la ministra, cuyo Ministerio ha impulsado el anteproyecto de Ley de Protección y Derechos de los Animales, ha sido preguntada por la falta de consenso en la redacción de este. En este sentido, Belarra ha afirmado que la futura Ley de Protección y Derechos de los Animales «solo tendrá enfrente a quien los maltrate y abandone» y ha añadido que el anteproyecto de ley es fruto de un «consenso mayoritario que hay en la sociedad española».
Las anteriores declaraciones contrastan con el hecho de que solo se invitara a las protectoras de animales en la presentación del anteproyecto, a pesar de que, la norma afectará a sectores mucho más numerosos e importantes a nivel socioeconómico como el de la caza. Tal y como confirmó a Jara y Sedal Manuel Gallardo, presidente de la Real Federación Española de Caza, la entidad de representación de los cazadores no pudo acudir al encuentro porque no se lo permitieron al no ser una entidad de protección animal.
A pesar de ello, Belarra ha insistido en que «cuentan con el medio rural, que en su mayoría trata bien a los animales, y que la ley solo tendrá enfrente a las personas que los maltraten y los abandonen». No obstante, la ministra ha puntualizado que seguirán hablando con la sociedad civil y que las puertas de su ministerio «están abiertas para aquellos colectivos que no se han sentido escuchados».
Sánchez declinó reunirse con los cazadores en octubre
La Real Federación Española de Caza (RFEC) daba a conocer el pasado mes de octubre la respuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la carta que le envió el presidente de la RFEC, Manuel Gallardo, en la que se le advertía de las graves consecuencias de la política anticaza de su Gobierno y le solicitaba una reunión para reconducir la peligrosa deriva de tres de sus ministerios.
En la carta, el director del Gabinete del presidente del Gobierno, Óscar López, emplazó en nombre de Sánchez, a que la RFEC realice las alegaciones oportunas al anteproyecto de Ley de Protección y Derechos de los Animales en el marco del proceso de información pública. De esta forma, la Moncloa declinó reunirse con el sector cinegético por «razones de agenda», lo que llevó a pensar que la tramitación de la citada Ley seguiría adelante sin tener en cuenta la avalancha de críticas que ha tenido esta iniciativa legislativa.
