Las Cortes de Castilla y León, con el respaldo de todos los grupos y la abstención de los dos procuradores de Podemos, han aprobado este miércoles la Ley de Caza que, como ha defendido el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, asegura un marco «estable y actual» desde una gestión cinegética «sostenible». La ley se ha aprobado con 79 votos a favor, ninguno en contra y con la abstención de Podemos.
Al consenso se sumó el Grupo Socialista tras aprobarse una de sus demandas en relación al silencio administrativo en la resolución de los planes energéticos, que se había convertido en un escollo, por considerar que el cambio introducido vía enmienda por PP-Cs al texto original no daba seguridad jurídica.
Así lo ha señalado el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien ha concretado que la finalidad es «proteger, conservar y fomentar» los recursos pero también aprovecharlos de forma «ordenada y sostenible», además de compatibilizar la actividad con el resto de usos y el desarrollo rural.
El anteproyecto sustituye a la antigua Ley de Caza, de 1996, y la modificación realizada en 2019, de manera que adapta el marco regulatorio a la realidad «social, económica y ambiental» del territorio, que ha experimentado notables cambios en estos 25 últimos años desde la anterior Ley.
Suárez-Quiñones ha incidido en que la situación actual de las poblaciones de las especies cinegéticas es muy diferente a la que existía cuando se dictó la anterior ley, puesto que, así como las especies ligadas a los territorios forestales, principalmente las de caza mayor, han experimentado en general un notable incremento, las especies de caza menor asociadas a los hábitat agrícolas han visto cómo sus poblaciones presentan tendencias decrecientes.
Más sobre el contenido de la Ley
La ley limita a la Administración autonómica para considerar cinegética una nueva especie, pero la habilita para excluirla de forma rápida. Además, regula la posibilidad de que una especie cinegética sea declarada «de atención preferente», por lo que será objeto de planes de gestión específicos, amplía la agencia Ical.
Prevé la elaboración de una ‘Estrategia de la Caza de Castilla y León’, que incluirá los planes territoriales de recursos cinegéticos y de planes de gestión de especies cinegéticas, para aquellos territorios y especies que requieran de una consideración especial. Igualmente, los planes cinegéticos de los cotos de caza deberán ser elaborados por técnicos especializados, y basarse en censos rigurosos realizados con una metodología avalada técnicamente.
Asimismo, también regula las especies cinegéticas, que son las únicas que pueden ser objeto de la actividad, declarándose como tales las enumeradas en el anexo I de la ley.
Algunas novedades de la Ley de Caza de Castilla y León
La nueva Ley de Caza de Castilla y León creará una herramienta ‘Sistema de Seguimiento de las Poblaciones Cinegéticas de Castilla y León’, que utilizará todas las fuentes de información disponibles, y un novedoso y riguroso sistema de control de las capturas realizadas por los cazadores.
También plantea las figuras de los cotos colaboradores, que deberán contar con asesoramiento técnico permanente que asegure la obtención de información de calidad, y del cazador colaborador, que aportarán importante información sobre la gestión cinegética, las capturas, el seguimiento poblacional y otros aspectos que contribuirán a mejorar el conocimiento y la gestión de la caza en Castilla y León.
En cuanto a los terrenos cinegéticos, la ley unifica en 250 hectáreas la superficie mínima necesaria para su constitución, y sobre todo introduce cambios relevantes en cuanto al régimen de intervención administrativa, estableciendo con carácter general el procedimiento de declaración responsable para su constitución.
Respecto a los terrenos no cinegéticos, se elimina la figura del Refugio de Fauna, dada su prácticamente nula utilización, y por el hecho de existir actualmente otras figuras de protección establecidas en varias leyes del Patrimonio Natural de Castilla y León, que «cumplen sobradamente con los objetivos de aquella, que también ha quedado obsoleta».
El proyecto de ley también establece los períodos hábiles máximos en los que se podrá practicar la caza, cumpliendo los requisitos establecidos en la normativa comunitaria y estatal. Estos períodos hábiles de caza podrán restringirse si las circunstancias así lo aconsejan en vía reglamentaria, pero no ampliarse.
También, establece la obligación de hacer pública con suficiente antelación la celebración de monterías y ganchos, a través de una plataforma pública.
