La Oficina Nacional de la Caza convoca a todas las organizaciones que defiendan los intereses de cazadores, pescadores, agricultores y otras actividades del medio rural para la constitución de una Mesa Nacional que convocará una gran manifestación en defensa del sector.
26/04/2016 | ONC
El objetivo es formalizar la convocatoria de dicha mesa antes de la posible celebración de las próximas elecciones generales de junio de 2016, de forma que se evitará la politización de la misma y se centrarán todos los esfuerzos en defender a aquellos ciudadanos que practican actividades en el medio rural y que cada vez tienen más cercenados en sus derechos y libertades.
Los representantes de la ONC han remarcado que en esta mesa deben estar representadas todas las organizaciones, dejando atrás los problemas internos que se hayan podido tener en los últimos años y pensando en los intereses de los cazadores, pescadores, agricultores y ganaderos que están viendo, día a día, cómo las diferentes administraciones, de todos los colores políticos, no toman medidas de apoyo al sector sino, que, más bien al contrario, son permisivos ante las continuas agresiones que recibe.
La constitución de una mesa tiene un doble objetivo. Por una parte, centralizar los esfuerzos de todas las organizaciones en una sola convocatoria y, por otra, evitar los protagonismos e individualismos. Y es que desde la creación de la mesa será ésta, en nombre de todos, la que convoque, represente y dé las noticias relativas a la evolución de dicha protesta, cuyo espíritu sin duda será similar al que se fraguó en la manifestación de 2008.
Son muchos los motivos por los que la sociedad rural y los gestores del medio natural están cansados y hartos del modelo de intervencionismo por las diferentes administraciones públicas de nuestra actividad, y por todo ello se entiende que de nuevo estamos ante un caldo de cultivo ideal para una nueva convocatoria que pueda volver a llenar las calles de Madrid.
Ante una sociedad urbana cada vez más alejada de la realidad rural, las administraciones no sólo no hacen nada sino que, además, ceden día a día a las presiones de ecologistas y animalistas, no sólo bien organizados, sino además subvencionados con dinero público, parte del cual utilizan para judicializar nuestra actividad.
La última sentencia del Tribunal Supremo que entre otras cosas prohíbe la pesca de la trucha arco iris y la carpa y condena a especies como el arruí a su desaparición, y que provocará la pérdida de miles de puestos de trabajo, no es sino una simple gota que colma el vaso de disparates y dislates de los últimos años.
La mirada a un lado ante la pérdida de cazadores y pescadores, la desaparición de especies tan emblemáticas como la perdiz silvestre, los graves problemas para la caza de la media veda, la posible prohibición a corto plazo de la perdiz con reclamo, la sobreprotección del lobo y su uso como icono del animalismo más absurdo, las limitaciones para la caza de la paloma al final de la temporada, las restricciones en el control de predadores, las imposiciones injustificadas de la Red Natura 2000, la presión para la desaparición del silvestrismo las sinrazones en la gestión cinegética en los parques nacionales donde se utiliza a los cazadores como simples matarifes, y la problemática que están causando las denuncias de grupos ecologistas en distintas comunidades con las órdenes de veda, son sólo algunos ejemplos.
Y todo esto bajo la mirada atenta de unas administraciones, las estatales y autonómicas, que sólo gestionan la actividad cinegética bajo unos mínimos que no les provoquen pérdida de imagen ante la sociedad urbana.
