A la vista de las manifestaciones hechas públicas por cinco agrupaciones ecologistas y su petición al gobierno de un incremento de imposiciones fiscales a los titulares de terrenos cinegéticos, la Fundación de Amigos del Águila Imperial, Lince Ibérico y Espacios Naturales de Carácter Privado ha enviado a nuestra redacción una nota de prensa con el fin de hacer las siguientes puntualizaciones.
8/2/2019 | Fundación de Amigos del Águila Imperial, Lince Ibérico y Espacios Naturales de Carácter Privado
En la actualidad el mayor índice de biodiversidad de nuestro país y de otros de la Unión Europea, se da en las propiedades privadas entre cuyos aprovechamientos se encuentra la caza. Paradójicamente, en los espacios naturales manejados por las administraciones públicas, se constata un continuo deterioro de la diversidad biológica. Tanto es así que la mayoría de los linces y las águilas imperiales que tenemos, más del 80%, y cuya conservación constituye el objetivo principal de la Fundación, viven en fincas cinegéticas de titularidad privada. Por ello las reintroducciones que están llevando a cabo tanto el proyecto Iberlince como el de la recuperación del águila imperial, tienen lugar mayormente en estos terrenos, cuyo mantenimiento corre a cargo de sus propietarios con coste cero para las arcas públicas y además genera beneficios para la nación, como el turismo de naturaleza o la fijación de CO2, por poner un par de ejemplos.
La intencionalidad del documento «Propuestas de fiscalidad ambiental: avanzando hacia un mundo más justo y sostenible», elaborado por Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO-Birdlife y WWF, constituye un peligro real para la conservación y el mantenimiento de los espacios cinegéticos que, como queda dicho anteriormente, son los más biodiversos de todos los que tenemos, al pretender gravar aún más su titularidad, lo que sin duda forzará en cierta medida a la propiedad a abandonar la gestión modélica que hasta ahora viene ejerciendo sobre ellos. En suma, estamos ante un peligroso ataque al mundo rural que ha venido conservando espacios y especies hasta ahora, por parte de unos grupos cuyo interés exclusivo es el de seguir obteniendo subvenciones de las administraciones, mientras no han invertido un euro de sus fondos propios en la tarea conservacionista.
Resulta también paradójico que algunos de estos grupos, los más antiguos, como SEO (1954) o WWF (1963), fueron originalmente fundados por cazadores con un interés conservacionista muy diferente al que se expone en el citado documento, que es simplemente recaudatorio.
