Esta idea surge tras el fracaso millonario del proyecto Life+ en el que estaba involucrada SEO/BirdLife. Quieren declarar una zona de 40.000 hectáreas ‘libre de predadores’ tras capturar doce martas y tres zorros.
18/6/2018 | Redacción JyS
Los esfuerzos por preservar el urogallo cantábrico, una de las especies más emblemáticas de nuestra fauna y declarada hace un año en situación crítica, se centran ahora en la adopción de una serie de medidas urgentes con las que se intenta frenar su declive, tal como ha informado el Diario de Léon.
Según lo explicado por la Junta en respuesta a la pregunta parlamentaria efectuada en las Cortes por el PSOE, que pidió explicaciones ante la inminente desaparición de ejemplares en varias zonas de la cordillera cantábrica, se acordaron recientemente una serie de líneas prioritarias. Se tratan de la ejecución del primer censo mediante análisis genético de muestras y la ejecución de un ensayo para evaluar el efecto de los depredadores (mesocarnívoros y rapaces forestales) en parámetros demográficos del urogallo.
Uno de estos trabajos de carácter experimental se está realizando en el Alto Sil, donde quieren declarar la «zona libre de predadores». Por el momento se han capturado y traslocado doce ejemplares de marta, tres zorros y se ha radio marcado un gato montés.
«No hacía falta que las trajesen, porque ya las hay a montones»
Según la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, las martas, garduñas y azores son trasladados a distintas zonas suficientemente alejadas de las áreas donde se han capturado. Algo que no ha sentado nada bien a los vecinos de Villayón, «indignados» ante la decisión del Principado de trasladar a su territorio algunos de estos depredadores.
«Garduñas y martas hay una barbaridad. No hacía falta que las trajesen, porque ya las hay a montones», ha declarado, con sorna, Fidel Rodríguez a La Nueva España.
Este vecino, al igual que otros consultados por el citado periódico, muestra su oposición a la medida adoptada por el gobierno regional: «No es nada bueno para los que vivimos aquí. Tendremos más ataques, porque en el monte no se van a quedar; ellas tiran para donde haya de comer, que es en los pueblos», afirma.
En la misma línea se manifiestan los cazadores de la zona. «Estos animales van a moverse, y entrar en los pueblos y en el acotado», advierte Goyo García, de Poxos, secretario de la Sociedad de Cazadores «La Codorniz».
En el vecino concejo de Allande, los cazadores ya han remitido una misiva al Principado, en la que vienen a coincidir con sus compañeros de Villayón: «Estamos en contra de esas sueltas, que ponen en peligro la cría de especies cinegéticas de caza menor, en el coto que esta sociedad gestiona desde hace décadas», reza la carta de la asociación El Avellano, que puntualiza, además, que este terreno era «un cantadero de urogallo».
«Parece que nos quieren echar de aquí; donde ya apenas queda gente, dan el terreno para estos animales. Y los pocos que quedamos con alguna gallina, acabaremos sin ellas», lamenta por su parte la alcaldesa, Estefanía González.
La Junta radiomarcará depredadores y urogallos
Según han añadido desde la Junta de Castilla y León, se desarrollará un detallado programa de seguimiento de abundancias en las zonas de actuación, tanto de mesocarnívoros (para conocer si los trabajos de traslocación reducen las cantidades de depredadores) como del propio urogallo.
Por ello los radiomarcarán para conocer las áreas de campeo de los depredadores y para valorar con mayor detalle las tasas reproductivas, el uso del espacio y las posibles amenazas del urogallo.
Además de esta medida, se ha planteado la evaluación del efecto de los ungulados silvestres, especialmente el jabalí sobre la productividad del urogallo cantábrico por efecto de la competencia y posible depredación de nidadas. Algo que contrasta con la prohibición en 2016 de la caza del jabalí en ciertas áreas de la montaña aragonesa.
La propuesta surge tras el fracaso millonario sobre el proyecto LIFE+ del estudio del urogallo cantábrico que costó siete millones de euros de dinero público cuyas conclusiones vertidas en el informe final fueron desmontadas por un grupo de científicos.
