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Detenidas 14 personas vinculadas a una empresa que vertía residuos peligrosos en la Comunidad Valenciana

La Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado inició actuaciones que derivaron en una de las operaciones más importantes desarrollada en materia de residuos.

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Algunos de los residuos. © Guardia Civil

La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Rubo’, ha detenido e investigado a catorce personas y tres sociedades mercantiles relacionadas por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, además de los de falsedad documental y pertenencia a organización criminal en la Comunidad Valenciana.

Según expone en nota de prensa, una empresa gestora de residuos llevaba gestionando de manera ilegal residuos peligrosos al menos desde el año 2015 y otra empresa de transporte, hacía de intermediario y se encargaba de trasladarlos a vertederos. Además, los residuos plásticos que no estaban tratados acordes a la normativa vigente, eran exportados como materia prima al Sudeste Asiático, cuando debían haberse exportado como residuos previa descontaminación de los mismos.

Incumplimiento de los procesos relativos a la gestión de residuos peligrosos

Otra imagen de los residuos. © Guardia Civil

Tras las primeras investigaciones llevadas a cabo por la Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado y la UCOMA (Unidad Central Operativa de Medio Ambiente) los agentes encontraron que la empresa llevaba años incumpliendo todos los procesos relativos a la gestión de residuos peligrosos, desde el almacenamiento de envases que contenían sustancias peligrosas a la intemperie, mezcla de residuos, manipulación sin autorización de residuos con amianto, hidrocarburos, residuos líquidos industriales, etc. hasta la falsificación en las codificaciones de los residuos.

La empresa acopiaba más cantidad de residuos de la que declaraba a la administración, existiendo hasta una diferencia de 115.632 toneladas de residuos sin trazabilidad alguna en el periodo de estudio, desde 2016 al 2020. La planta no estaba preparada para la gestión de esas cantidades y acumulaba en grandes contenedores que carecían de medidas de seguridad productos como amianto, ácido sulfúrico etc.

Traslados ilegales de residuos y contaminación del Mar Mediterráneo

Los residuos. © Guardia Civil

Gran parte de estos residuos se transportaban entre empresas para acabar en vertederos sin las autorizaciones obligatorias. Se han documentado cerca de 2800 traslados entre diferentes puntos de la geografía española, traducido en más de 200.000 toneladas de residuos sin tratar adecuadamente, mezclando residuos metales, plásticos, lodos, pinturas y hasta barnices.

Con motivo de las inspecciones realizadas, se comprobó por los agentes del SEPRONA, la existencia de continuos vertidos a la red de alcantarillado en valores superiores a los límites establecidos. Las mediciones identificaron la existencia de contaminantes peligrosos a las aguas residuales que no eran depuradas convenientemente, afectando a la capacidad de tratamiento de la estación depuradora EDAR encargada.

Peligro para las personas y el Medio Ambiente

Según expone la Benemérita en la nota, la elevada generación de residuos constituye un problema medioambiental grave de las sociedades modernas, de ahí las necesidades de una normativa estricta que asegure y garantice una correcta gestión de reciclaje.

La incorrecta gestión de muchos de los residuos descubiertos en esta operación que contenían una cantidad importante de contaminantes y residuos peligrosos debían de gestionarse adecuadamente, ya que los metales pesados que se producen de su mala gestión pueden llegar a la cadena trófica, a través de ríos y zonas costeras.

La complejidad y la ilegalidad de la Operación RUBO hacen que se convierta en la mayor operación, en cuanto a materia investigada se refiere, llevada a cabo en los últimos años en España.

Colaboraciones en la operación

En la operación se ha contado con la colaboración de EUROPOL en el análisis de la documentación y posibles conexiones con países de la Unión Europea, de la Subdirección General de Residuos y Economía Circular del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, del Instituto Nacional de Toxicología  y Ciencias Forenses, Generalitat Valencia, así como de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de Valencia y de la Empresa GRAMASER como Laboratorio de Omniun Ibérica.

La operación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 4 de Massamagrell (Valencia),