«Aplaudimos vuestra intervención, después de dos años en los cuales nos preguntábamos a qué se debía vuestro silencio». Así versa el primer párrafo de la carta que la Asociación Salvemos Cabana ha dirigido a las cinco grandes ONG ecologistas subvencionadas por el Gobierno español, respecto a la implantación descontrolada de las energías renovables.
Se refieren a Amigos de la Tierra, Greenpeace, Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife y WWF y el texto les cita como «G-5 ecologistas». El motivo es la aprobación del Real Decreto Ley 20/2022 que fue aprobado el 24 de enero de 2023. Respecto a él se han pronunciado estas cinco organizaciones a través de un comunicado conjunto.
Sin embargo, la asociación considera que se han unido muy tarde a una lucha en la que ya llevan dos años. «Con excepción de algunas de vuestras delegaciones o asociaciones territoriales que no han dejado de apoyarnos, os habéis mantenido al margen de la lucha desigual que estamos manteniendo desde pequeñas asociaciones y plataformas vinculadas al territorio. Pequeños Davids contra los Goliats, colosos de la industria energética, apoyados por las principales formaciones políticas de todos los colores».
Salvemos Cabana pide explicaciones sobre el silencio ante la descontrolada implantación de energías renovables
«Por favor, explicadnos por qué nos habéis dejado solos», suplica el texto. Asimismo, hacen alusión al conocimiento que estas grandes ONG tienen acerca de los graves daños que causa ese «despliegue masivo de polígonos industriales eólicos y fotovoltaicos, proyectados sin criterio, ni control».
«Entonces ¿por qué en este debate nunca hemos oído vuestra voz? ¿Por qué en muchos casos, no habéis ni siquiera contestado a las consultas previas que se os enviaron en el proceso de tramitación de macroproyectos?».
De igual modo, la asociación les hace una propuesta con cierto tono irónico: «Si tenéis dificultades para explicar a vuestros socios que, a pesar de predicarles durante décadas la necesidad de pasar a fuentes de energías renovables, esta no es la manera de hacerlo, no os preocupéis: tenéis a vuestra disposición innumerables estudios científicos en los que os podéis apoyar. Lo van a entender, y si os faltan testimonios, aquí estamos para ayudaros con la experiencia acumulada en estos últimos años».
«Si os preocupa la reacción del mundo político, con el cual en estas últimas décadas habéis tejido una red de apoyo y colaboración, un mero repaso a DIAs negativas anteriores son una demostración indiscutible de cuanta biodiversidad, patrimonio cultural (entre otros) ha salvado la acción en forma de alegaciones de la Sociedad Civil directamente afectada e inmejorables conocedores del territorio amenazado».
«Os queremos a nuestro lado»
Además, la carta pide que se pronuncien y asuman una postura clara, que no solo opinen de forma tibia y solo sobre el Decreto. «Si compartís nuestra preocupación, os queremos a nuestro lado».
«Cuando todo esto haya terminado, cuando hayamos podido salvar algo de nuestro patrimonio y perdido la mayoría, cuando la pérdida de hábitat y de biodiversidad sea evidente, ya no habrá marcha atrás. Nosotros podremos decir que hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos. ¿Y vosotros?», concluye el texto.
Un silencio antes visto
No es, ni mucho menos, la primera vez que somos testigos de cómo estas grandes organizaciones se mantienen al margen de polémicos temas sobre los que, en teoría, tendrían que pronunciarse.
Una de las ocasiones fue con la Ley de Bienestar Animal. Más de 800 científicos se suscribieron a una carta conjunta que alertaba de las graves consecuencias que esta tendría para el patrimonio natural y la biodiversidad de nuestro país. A pesar de ello, ninguna de las cinco dijo nada al respecto, incluso llegaron a aplaudir la iniciativa.
Tampoco se pronunciaron cuando las principales Sociedades Científicas de Conservación de la Naturaleza españolas hicieron un llamamiento sobre los impactos negativos de los gatos sobre la diversidad. Dicha ley blinda a las colonias felinas.
Por el contrario, sí les interesó hacerse escuchar cuando la víctima era la ley de regadíos del PP. Entonces, estas ONG denunciaron «que la ley anti Doñana del PP y Vox desafía a la ciencia y la legalidad». Parece ser que los objetivos de su lucha varían en función de quiénes sean los precursores de cada iniciativa.
