La reciente publicación del nuevo Reglamento de Caza de Castilla-La Mancha introduce cambios relevantes para el sector cinegético regional. Entre ellos destaca la simplificación de los trámites para la creación y renovación de cotos de caza, una modificación que, según la Asociación de Propietarios Rurales para la Gestión Cinegética y Conservación del Medio Ambiente (Aproca), puede evitar numerosos problemas administrativos y facilitar la continuidad de muchas sociedades de cazadores, especialmente en el ámbito rural.
Hasta ahora, la renovación de numerosos cotos se encontraba condicionada por una compleja tramitación administrativa. La situación resultaba especialmente delicada en muchos municipios donde los contratos de gestión seguían figurando a nombre de personas fallecidas o donde las juntas directivas habían cambiado con el paso de los años.
La nueva normativa introduce un sistema basado en la presentación de una declaración responsable, lo que agiliza notablemente los procedimientos y reduce la carga burocrática para titulares y gestores cinegéticos.
Una medida que evita problemas en los cotos sociales
Desde Aproca consideran que esta modificación llega en un momento especialmente oportuno. Según explicó el presidente de la organización, Luis Fernando Villanueva, la actualización de contratos en numerosos cotos hacía necesaria una solución administrativa que evitara perjuicios innecesarios.
La medida cobra especial relevancia en los cotos de carácter social que gestionan muchas sociedades locales de cazadores. En numerosos casos, la documentación acumulaba años sin actualizarse y la necesidad de renovar contratos amenazaba con generar importantes complicaciones administrativas. La simplificación de los trámites permitirá regularizar estas situaciones con mayor facilidad y garantizar la continuidad de muchos aprovechamientos cinegéticos que forman parte de la vida social y económica de los pueblos de la región.
Más herramientas para el control de daños
El nuevo reglamento también desarrolla la posibilidad de aplicar medidas excepcionales de control poblacional cuando determinadas especies provoquen daños. Villanueva recordó que actualmente ya se utilizan actuaciones específicas para combatir los perjuicios causados por el conejo, entre ellas la caza con sistemas de visión nocturna. Sin embargo, la nueva regulación abre la puerta a que medidas similares puedan aplicarse a otras especies cuando las circunstancias lo requieran.
Entre los ejemplos mencionados figura el caso del jabalí, cuya expansión en numerosos territorios está provocando daños agrícolas y conflictos cada vez más frecuentes tanto en el medio rural como en las proximidades de núcleos urbanos.
Otro de los aspectos incorporados al reglamento es la definición de la denominada vigilancia activa relativa a la conservación de la naturaleza, una función que habitualmente desempeñan los guardas de los cotos privados y que, en ocasiones, también desarrollan los propios cazadores.
Cambios en cetrería y protección de la codorniz común
La nueva normativa también introduce novedades en materia de cetrería, una modalidad declarada por la Unesco Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El reglamento amplía su utilización para determinadas especies de caza mayor, siguiendo una línea ya implantada en otras comunidades autónomas.
Asimismo, incorpora una petición formulada por el propio sector cinegético para proteger a la codorniz común. En concreto, se prohíben las sueltas de codorniz japonesa en zonas destinadas al entrenamiento de perros durante la época de reproducción de la especie autóctona. El objetivo es evitar posibles procesos de hibridación e intromisión genética que podrían afectar a las poblaciones silvestres de codorniz común presentes en Castilla-La Mancha.
Pese a valorar positivamente las novedades incorporadas, desde Aproca consideran que el reglamento aún puede mejorarse. La organización entiende que todavía faltan algunos aspectos técnicos por desarrollar, aunque recuerda que el texto se encuentra en fase de información pública y que existe margen para introducir nuevas aportaciones antes de su aprobación definitiva.
