La suspensión cautelar de la caza de nueve especies de aves en Madrid ha provocado una nueva respuesta del sector cinegético. La Real Federación Española de Caza (RFEC) ha anunciado este 9 de octubre que se personará en el procedimiento judicial para defender los intereses de los cazadores y combatir una decisión cuyas consecuencias, advierte, pueden superar las fronteras de la comunidad.
La entidad actuará junto a la Federación Madrileña de Caza, la Fundación Artemisan y otras organizaciones del sector. Su intervención responde al auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), dictado a raíz del recurso de SEO/BirdLife contra la Orden de Vedas autonómica. La RFEC expresa su rechazo a la suspensión y sitúa la seguridad jurídica entre sus principales preocupaciones.
Nueve especies y miles de afectados
La medida afecta a la perdiz roja, codorniz, becada, zorzal alirrojo, zorzal real, paloma zurita, paloma bravía, corneja negra y urraca. La suspensión interrumpe su aprovechamiento cinegético en una temporada que los cazadores y los titulares de cotos habían organizado conforme a la normativa aprobada por la Administración madrileña.
Para la Federación, el alcance del problema va más allá de las jornadas de caza. En su comunicado advierte de posibles perjuicios difícilmente reparables para miles de cazadores, sociedades y clubes deportivos, así como para los titulares de terrenos cinegéticos y las actividades económicas vinculadas al medio rural madrileño.
La RFEC considera la decisión de «extraordinaria gravedad» y cuestiona las condiciones en las que se ha adoptado. Según señala, la suspensión se acordó con carácter provisionalísimo y sin audiencia previa de la Administración autonómica, un aspecto que destaca al explicar la inquietud que ha generado entre los afectados.
La proporcionalidad y los datos científicos, claves de su respuesta
La Federación sostiene que las medidas cautelares deben ser proporcionales y ponderar adecuadamente los intereses en conflicto. Su planteamiento es que, al adoptar una restricción de este alcance, deben tenerse en cuenta tanto sus efectos sobre el sector como la seguridad jurídica de una actividad legal, regulada y planificada.
También reclama que las decisiones sobre caza se apoyen en criterios científicos y técnicos rigurosos. Frente a lo que considera planteamientos ideológicos, recuerda el trabajo del Observatorio Cinegético, el Proyecto Coturnix y el Proyecto Zorzales. Estas iniciativas, subraya, aportan información para conocer la evolución de las poblaciones y favorecer una gestión sostenible de las especies.
La preocupación por lo que pueda ocurrir fuera de Madrid
La personación anunciada tiene además una dimensión nacional. La RFEC teme que actuaciones similares se reproduzcan en otras comunidades autónomas y comprometan la estabilidad de la actividad cinegética. Por eso vincula su intervención tanto a la defensa de los cazadores madrileños como a los intereses del conjunto del sector español.
El anuncio supone un nuevo paso en la respuesta judicial de las entidades cinegéticas a la suspensión. La Federación reafirma su compromiso con la caza legal y sostenible y plantea defenderla mediante el rigor científico y el respeto al ordenamiento jurídico.
