El conflicto político y territorial en torno al lobo suma un nuevo capítulo. El Ministerio para la Transición Ecológica ha abierto un proceso de información pública sobre el estado de conservación de la especie que permitirá presentar alegaciones hasta el próximo 27 de mayo. El movimiento llega después de meses de enfrentamiento con las comunidades autónomas y cuando varias regiones acusan al Gobierno de tratar de impedir por todos los medios una gestión más flexible del cánido ante el aumento de ataques al ganado.
Aunque oficialmente el Ejecutivo defiende que busca incorporar «criterios científicos solventes» antes de remitir el informe sexenal a Bruselas, en el sector agrario y en buena parte de las autonomías con presencia de lobo la medida se interpreta como una nueva maniobra para retrasar o dificultar el cambio de estatus de la especie.
Y es que el punto clave está precisamente ahí: si el lobo es declarado en estado de conservación favorable o desfavorable. De esa calificación depende en gran medida la posibilidad de aplicar controles poblacionales y abatir ejemplares de forma más ágil para reducir daños sobre la ganadería extensiva.
La apertura de esta consulta pública no llega en un momento cualquiera. Lo hace después de que siete comunidades autónomas anunciaran una denuncia ante la Comisión Europea contra el Gobierno por bloquear la gestión del lobo y negarse a remitir el informe sexenal obligatorio que exige la directiva Hábitats.
Dos informes enfrentados y una batalla política
Hasta hace poco, el informe sexenal sobre el estado del lobo era elaborado directamente por el Ministerio a partir de los datos aportados por las comunidades autónomas y remitido posteriormente a Bruselas. Pero la situación cambió tras la modificación incluida en la Ley de Desperdicio Alimentario aprobada en 2025.
Aquella reforma, además de sacar al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), estableció que los informes debían ser validados por las autonomías antes de enviarse a la Comisión Europea. El problema es que el Ministerio elaboró un documento correspondiente al periodo 2019-2024 que concluía que el estado de conservación del lobo seguía siendo desfavorable en las regiones atlántica, mediterránea y alpina. Según el Ejecutivo, no se habría alcanzado todavía el número de manadas necesarias para garantizar el futuro de la especie.
Sin embargo, varias comunidades autónomas rechazaron frontalmente esa interpretación. La Xunta de Galicia elaboró entonces un informe alternativo defendiendo que el estado de conservación sí es favorable, al menos en las regiones atlántica y mediterránea.
La diferencia no es técnica ni semántica. Si Bruselas acepta que el lobo se encuentra en estado favorable, las comunidades tendrían más margen para justificar controles poblacionales y autorizaciones de extracción. Si continúa considerándose desfavorable, cualquier control letal seguirá sometido a fuertes restricciones jurídicas.
Por eso las autonomías interpretan que el nuevo trámite de información pública puede servir al Gobierno para reforzar la tesis más restrictiva mediante alegaciones impulsadas por organizaciones ecologistas y entidades conservacionistas.
Una consulta pública solicitada por grupos ecologistas
El propio Ministerio reconoce que este trámite fue solicitado por organizaciones como Ecologistas en Acción o el Fondo para la Protección del Lobo. No obstante, durante los próximos días cualquier ciudadano, asociación o colectivo podrá presentar alegaciones y documentación sobre el estado de conservación de la especie.
Por su parte, en el sector más ligado al medio rural existe el convencimiento de que numerosas organizaciones ecologistas aprovecharán el proceso para aportar estudios, informes y argumentos encaminados a consolidar la consideración del lobo como especie en estado desfavorable o vulnerable.
No sería la primera vez que ocurre algo similar. Hace apenas unas semanas, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) incluyó al lobo ibérico en su Lista Roja como especie vulnerable en España pese a que las poblaciones atraviesan sus mejores cifras de las últimas décadas.
Actualmente, el último censo nacional estima entre 1.300 y 1.600 lobos repartidos en 333 manadas. Son cifras muy superiores a las registradas en los años 70, cuando la especie estuvo al borde del colapso y apenas sobrevivían entre 300 y 500 ejemplares en toda España.
Aun así, la UICN justificó la catalogación por el bajo número de individuos reproductores maduros. Una interpretación muy cuestionada desde el sector agrario y varias comunidades autónomas, que consideran que se está ignorando deliberadamente la expansión real del lobo y el incremento de ataques sobre el ganado.
Organizaciones como COAG han denunciado además que el censo oficial deja fuera a cientos de lobos dispersantes no territoriales que podrían elevar la población real por encima de los 2.000 ejemplares.
Las comunidades hablan de bloqueo
La tensión entre el Ejecutivo y las autonomías lleva meses creciendo. Castilla y León, Cantabria, Galicia, País Vasco, La Rioja, Aragón y Madrid ya anunciaron en febrero que denunciarían al Gobierno ante la Comisión Europea por incumplir la normativa comunitaria sobre el lobo. Estas regiones acusan al Ministerio de bloquear deliberadamente el envío del informe sexenal para impedir que entren en vigor mecanismos de gestión más flexibles tras la salida del lobo del LESPRE.
Según denuncian, mientras continúa el enfrentamiento político, la ganadería extensiva soporta cada vez más presión. Solo en Castilla y León, la Junta cifró en casi 6.000 las cabezas de ganado muertas por ataques de lobo en 2024, un 40 % más que antes de la inclusión de la especie en el LESPRE en 2021.
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, defendió recientemente que el objetivo de esta consulta es que la Conferencia Sectorial disponga de «todos los criterios sobre la mesa, especialmente los científicos, para tomar una decisión solvente». Pero desde las autonomías y el sector agrario la lectura es muy distinta. Consideran que el Gobierno está utilizando nuevos trámites administrativos, consultas públicas e interpretaciones científicas restrictivas para retrasar cualquier escenario que facilite el control poblacional del lobo.
Mientras tanto, Bruselas mantiene abierto un expediente de infracción contra España y el choque político alrededor del cánido continúa creciendo en paralelo al malestar del mundo rural.
