Representantes de cerca de un total de 200 países, entidades soberanas y organizaciones regionales de todo el mundo han participado estos últimos días en los debates llevados a cabo en el marco de la Cumbre del Clima de Dubai. Un evento que ha dejado grandes titulares que, en el caso concreto de España, apunta hacia el gasóleo agrícola como uno de los principales señalados.

Cada año, dichos representantes discuten en este contexto acerca del futuro climático del mundo. Entre los asistentes se ha podido ver al rey de Inglaterra, Carlos III; Pedro Sánchez; o el presidente de Brasil, Lula da Silva. Quien no ha acudido a esta edición ha sido el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.

España se adhiere al pacto que pone fin a las ayudas a este combustible

Sobre ello se ha pronunciado Teresa Ribera, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En las redes sociales del propio ministerio ha hecho público que España era uno de los 11 países que se han sumado a la eliminación de las subvenciones a los combustibles fósiles.

Lo que supone este anuncio es la eliminación de las ayudas públicas a cualquier tipo de combustible fósil antes del año 2030, afectando, por lo tanto, a la gasolina, el carbón, el gas y el gasóleo (A, B y C). Por supuesto, esto traerá una serie de consecuencias especialmente graves en el sector primario.

Junto al Gobierno de Pedro Sánchez también se han adherido a dicho pacto las naciones de Austria, Bélgica, Canadá, Costa Rica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Luxemburgo y Países Bajos.

Las consecuencias del pacto sobre el gasóleo

Atendiendo a los países que han firmado dicho acuerdo, España es uno de los que más depende del sector primario. A pesar de ello, este colectivo va a padecer sus efectos en gran medida. Eliminar las subvenciones a los combustibles llevará al fin del gasóleo B, al que popularmente se le conoce como el gasóleo agrícola.

Con la actual subvención, este combustible tiene un precio de 30 céntimos menos por cada litro. Además, los usuarios autorizados también reciben devoluciones parciales de impuestos dependiendo de la cantidad fijada anualmente. Esto permite generar alimentos más baratos en un sector tan crítico como el primario en el que la maquinaria se mueve con este tipo de combustible y no hay alternativas eléctricas que puedan reemplazarla.

Más de 800.000 personas perjudicadas

Estas ayudas, por lo tanto, son un auténtico alivio en términos de costes a los que tienen que enfrentarse desde el sector primario, quienes están especialmente perjudicados por cualquier cambio sufrido en los precios de los carburantes.


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A día de hoy, la agricultura y la pesca, los dos colectivos que más estarán afectados por el pacto, emplean a más de 800.000 personas de manera directa en España. Esto, por supuesto, ha hecho que las redes sociales ardan como consecuencia de la publicación del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

En la actualidad, en nuestro país se consume un total de este combustible que supera los 4,6 millones de toneladas. Cabe dejar claro sobre él que es de uso exclusivo de estos colectivos con una tarjeta de combustible bonificado. Además, la sanción por utilizarlo de manera ilegal es de 12.000 euros.