Un grupo de 14 activistas de ‘Exhibition Rebellion‘, una organización que ha protagonizado sonadas protestas contra el cambio climático, se enfrenta a una petición de un año y nueve meses de prisión por parte de la Fiscalía, que les acusa de un delito contra el patrimonio histórico. Los hechos se remontan a abril del año pasado, cuando el colectivo ecologista se manifestó frente al Congreso de los Diputados y arrojó pintura roja contra las escalinatas y columnas de la fachada principal del Congreso de los Diputados para alertar sobre la emergencia climática.
La acción de los activistas provocó una gran movilización policial, que requirió la intervención de once furgones para desalojar a los manifestantes. Además, los servicios de limpieza tuvieron que actuar para eliminar la pintura de la fachada de la Cámara Baja. Por todo ello la Fiscalía también reclama a los activistas el pago de una multa por responsabilidad civil de 2.592,29 euros para el Estado y 713,57 euros para el Ayuntamiento de Madrid.
La investigación del caso corrió a cargo de la Brigada Antiterrorista de la Policía, que en un principio imputó a los activistas un delito contra las instituciones del Estado, además del delito de daños al patrimonio. Sin embargo, el juez de Instrucción que llevaba el caso archivó esa parte de la acusación, al considerar que la protesta no perturbó el curso de la sesión parlamentaria que se celebraba ese día. Así lo confirmó la entonces presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que informó al instructor de que la sesión no fue suspendida ni interrumpida.
Un delito ecoterrorista contra el patrimonio histórico
Pese a ello, la Fiscalía ha decidido mantener la acusación por el delito contra el patrimonio histórico, que está recogido en el artículo 323.1 del Código Penal y que prevé una pena de cárcel de seis meses a tres años. Por ello, ha solicitado la apertura de juicio oral y ha pedido una pena de un año y nueve meses de cárcel para cada uno de los activistas.
Uralde se une a una manifestación ecologista que ensucia la fachada del Congreso con pintura roja
Los acusados, por su parte, han defendido que su protesta fue pacífica y simbólica, y que solo pretendían llamar la atención sobre la necesidad de tomar medidas urgentes contra el cambio climático. Además, han denunciado que la Fiscalía valoró sus acciones «en el marco del terrorismo», lo que consideran una criminalización de la protesta social. Así lo reveló el colectivo Rebelión Científica en un tuit publicado el pasado mes de septiembre.
