Ante la publicación del Anteproyecto de Ley de Bienestar Animal, que pone en jaque a todo el sector cinegético, la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana ha puesto en marcha todos sus mecanismos legales, políticos y técnicos para frenar la aprobación de la norma y defender los intereses de los cazadores valencianos a través de tres líneas estratégicas:
Reuión con grupos parlamentarios
La primera de ellas es la de mantener reuniones con grupos parlamentarios. Dado el ámbito nacional de la Ley y su procedimiento de tramitación en el Congreso, la Federación se reunirá con carácter de urgencia con todos los partidos políticos con representación parlamentaria (PSOE, Compromís, PP, Podemos, Ciudadanos y Vox). En estos encuentros, que se sucederán en las próximas semanas, se instará a los congresistas a votar en contra de una ley que, más allá de comprometer el sector de la caza, supone un nuevo ataque desde la urbe al medio rural y a sus formas de vida.
Estrategia jurídica
La segunda vía, la reivindicación de alegaciones. Paralelamente, los servicios jurídicos y técnicos de la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana están analizando exhaustivamente el articulado del proyecto de ley, con el objetivo de comprobar si, como se prometió desde el gobierno, se han incorporado las alegaciones trasladadas por la entidad en el proceso de elaboración de la norma. En este sentido, y dada la singularidad de la actividad cinegética, la finalidad es asegurar jurídicamente la total exclusión de los animales vinculados a la caza de la aplicación de la ley.
Nuevas movilizaciones
La tercera vía, las nuevas movilizaciones. Finalmente, la presidenta de la Federación, Lorena Martínez, ha iniciado contactos con el resto de los organismos, plataformas y entidades afectadas, y promoverá de nuevo, y de manera anticipada, la coordinación de los representantes del mundo rural, en previsión de que las circunstancias pudiesen obligar una vez más a tomar las calles y visibilizar los agravios sufridos por el campo debido a las leyes impuestas desde la ciudad.
«Los cazadores somos defensores del bienestar animal. Nuestra actividad depende de nuestros perros y animales auxiliares a la caza y somos los más conscientes de ello. Esta ley no trata del bienestar de nuestros perros, sino de la ideología de nuestros políticos, y a eso es a lo que nos oponemos», declara Lorena Martínez.
