La Fundación Artemisan ha afirmado que es absolutamente falso que, como consecuencia de la recepción de un Dictamen Motivado procedente de la Comisión Europea sobre la situación de la tórtola europea, se vayan a imponer sanciones al Reino de España o a las Comunidades Autónomas.
Artemisan recuerda que la recepción de un Dictamen Motivado por parte de la Comisión, no lleva aparejada la imposición de sanción alguna, por lo que no es cierto que se vaya a imponer a España, o a las Comunidades Autónomas que autoricen la caza de la tórtola, multas millonarias, como pretenden hacer creer algunos sectores interesados en prohibir la caza de la tórtola y de todas las especies posibles.
Un procedimiento de infracción iniciado tras las denuncias de grupos ecologistas
La Fundación aclara que el procedimiento se inició debido a las denuncias de distintos grupos ecologistas ante la Comisión por autorizar la caza de la especie en nuestro país, lo que conllevó el inicio de un procedimiento de infracción contra España que pretende analizar si se ha infringido la legislación, pero el inicio del procedimiento no supone comisión de infracción alguna.
Del inicio de procedimiento se dio traslado a España mediante una carta de emplazamiento que solicitaba información y respuesta y, si la Comisión considerase que, a pesar de la respuesta, hubiese una posible infracción, solicitaría una petición formal para que se cumpla la legislación que se considerase incumplida, volviendo a solicitar a España un informe sobre las medidas adoptadas.
«España no ha incumplido la legislación»
En el caso de España, se han adoptado medidas rigurosas de conservación de la especie, limitando en más de un 90 % los periodos de caza y reduciendo a cantidades prácticamente testimoniales los cupos de captura, además de otras medidas agroambientales. Con ello, queda perfectamente claro que España no ha incumplido la legislación sobre la materia.
De hecho, la población de la tórtola muestra una estabilización y moderado incremento en España desde los años 2013 – 2014, según datos de SEO/BirdLife, gracias también a la puesta en marcha de proyectos para la monitorización de la especie por parte del sector cinegético, así como a la suplementación de alimento, agua y cultivo, medidas fundamentales para la tórtola y otras especies.
Si no se respondiese por parte del Estado, o si después de recibir la contestación al Dictamen Motivado la Comisión considerase que España incumple la legislación de la UE, podría remitir el asunto el asunto al Tribunal de Justicia, que analizaría el asunto y dictaría sentencia, imponiendo a España la obligación de cumplirla.
Solo en el caso de que España no cumpliese la sentencia firme dictada se podrían imponer sanciones económicas. Por todo ello, Fundación Artemisan insiste en que no es cierto que España o las Comunidades Autónomas se enfrenten a multas por autorizar la caza de la tórtola. Para la entidad, es inadmisible que se esté utilizando una información falsa para presionar y amenazar a las administraciones responsables.
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