FACE lleva casi veinte años presentándose ante Bruselas como la voz de los siete millones de cazadores europeos. Esa es –o debería ser– la razón de ser de la Federación Europea para la Caza y la Conservación, la organización con sede en Bruselas a la que pertenece la Real Federación Española de Caza (RFEC) en representación de los cazadores españoles. Por eso resulta tan grave lo que ha publicado el 22 de septiembre de 2026: una nota en la que da por «viable» la prohibición de los perdigones de plomo y anuncia que no presentará objeción alguna durante la fase de control que concluye en unos días y que afrontan ahora el Parlamento Europeo y el Consejo.
La situación es grave. Es la organización que debía pelear hasta el final la que decide bajar los brazos justo cuando todavía existe una vía institucional para frenar la medida. FACE reconoce en su propio texto que la restricción sigue en su fase final de control, pero en lugar de emplear ese margen para combatirla, prefiere explicar a los cazadores cómo digerirla mejor.
La propia organización lo resume sin ambages en su nota: «FACE considera que la restricción final es viable» y añade que «la prioridad ahora debe ser aprovechar de forma efectiva el periodo de transición de siete años, para que los cazadores de Europa estén plenamente preparados para el cambio».
Lo que dice la nota de FACE, y lo que oculta
En su comunicado, la organización trata de vender la rendición como un logro negociador. Recuerda que la propuesta inicial del Comité de Evaluación de Riesgos de la ECHA planteaba un plazo de apenas dieciocho meses, y presume de haberlo ampliado hasta los siete años, además de haber logrado excluir las balas de rifle del texto final.
Son mejoras reales frente al punto de partida, pero no cambian lo esencial: Bruselas va a eliminar los perdigones de plomo y FACE ha decidido no intentar impedirlo. El argumento que esgrime la asociación europea para justificar su pasividad es puramente defensivo. Sostiene, en sus propias palabras, que «una objeción no puede modificar de forma selectiva elementos concretos del texto. Solo puede rechazar la restricción en su totalidad, devolviendo así el expediente a la Comisión Europea».
Y remata con la amenaza que utiliza para justificar su rendición: «en la valoración de FACE, esto crearía una incertidumbre considerable sin garantizar un resultado mejor», avisando de que la Comisión «probablemente reelaboraría la restricción y presentaría una nueva propuesta en un contexto geopolítico e institucional distinto» que, a su juicio, «tendría un alcance más amplio y sería menos favorable para los cazadores que el texto actualmente sobre la mesa».
Dicho de otro modo: FACE pide aceptar la prohibición actual por miedo a que llegue otra todavía más dura. Es el argumento de quien ya ha decidido no pelear y busca después una excusa perdedora razonable. Para reforzar su relato, FACE recurre a la experiencia de Dinamarca, los Países Bajos y Flandes, donde asegura textualmente que «una transición dentro de este plazo puede lograrse sin provocar un descenso en el número de cazadores ni en las capturas».
Añade que «se espera que más del 90% de la munición alternativa necesaria durante la transición sea perdigón de acero», que los cartuchos estándar de este material ya tendrían precios comparables a los de plomo, y que la industria europea de munición, agrupada en AFEMS, «ha confirmado que puede completar la transición necesaria en siete años».
Ese relato convierte un problema técnico, económico y de seguridad enormemente complejo en una simple cuestión de calendario y estanterías de armería. No todas las escopetas admiten acero, no todas las modalidades de caza presentan las mismas condiciones de seguridad y no todos los cazadores europeos tienen la misma capacidad para renovar su equipo. De hecho, se calcula que medio millón de armas tendrán que ir a la basura con la nueva norma.
Lo más grave es lo que la nota de FACE no dice. No hay una sola línea exigiendo que se demuestre, especie por especie y territorio por territorio, el supuesto daño que justificaría una prohibición general. No hay mención a los rebotes en el suelo, a la toxicología de los materiales sustitutivos ni a la eficacia real de esas alternativas para evitar animales heridos.
FACE acepta el marco ideológico de la prohibición y se limita a negociar el ritmo de la retirada. De hecho, la propia federación admite sin rubor que su papel a partir de ahora será otro completamente distinto: «FACE considera que el resultado es viable y ahora se centrará en garantizar que la transición de siete años se implemente con éxito, con disponibilidad adecuada de munición, información clara y apoyo práctico para los cazadores de toda Europa».
Ya no se trata de defender al cazador frente a la prohibición, sino de acompañarle sin hacer nada mientras la asume.
La misma FACE que hace meses acusaba a Bruselas de manipular los datos
Lo insólito es que esta rendición contradice la trayectoria reciente de la propia organización. FACE ha denunciado en repetidas ocasiones que la base científica que sostiene la prohibición del plomo es endeble. La propia FACE llegó a afirmar sin rodeos que «los informes de la ECHA no reflejan la realidad», denunciando que los niveles de plomo analizados procedían de zonas del animal ya descartadas para el consumo humano y que, por tanto, no representaban ningún riesgo real. También cuestionó por escrito que los datos utilizados para justificar la prohibición se basasen en meras suposiciones y estimaciones con un marcado sesgo político.
¿Qué ha cambiado entre esas denuncias y la nota del 22 de septiembre de 2026 para que la misma organización dé ahora por bueno exactamente lo que llevaba años calificando de manipulación? La propia nota reconoce el giro sin disimulo cuando repasa dos décadas de trabajo: «FACE lleva casi veinte años siguiendo las discusiones sobre la restricción del plomo a nivel de la UE». Y admite que el texto final es «fundamentalmente distinto de donde empezó el proceso: de una prohibición completa que cubría balas de plomo (incluidas las de fuego anular), perdigones y proyectiles únicos, a una restricción limitada a los perdigones de plomo, con un periodo de transición de siete años».
Pero explicar cómo ha cambiado el texto no explica por qué FACE ha cambiado de bando. La nota no lo aclara. Simplemente da la vuelta a la página y pide a los cazadores que se preparen para un futuro que, hasta hace poco, la propia FACE consideraba injustificado. Una organización que se dice representante del sector no puede pasar de denunciar manipulación de datos a firmar la rendición sin dar ninguna explicación a los siete millones de cazadores que dice defender.
La respuesta que el sector español sí mantiene
La rendición europea contrasta con la posición sostenida hasta ahora por las organizaciones españolas. Cuando el Comité REACH dio luz verde a la restricción, la RFEC sostuvo que la decisión comprometía el futuro de la actividad cinegética y anunció una ronda de contactos con los eurodiputados españoles para intentar vetarla en el Parlamento Europeo.
El propio presidente de la RFEC, Josep Escandell, explicó entonces que iba a trabajar «para informarles sobre el grave perjuicio de una decisión que se toma sin que se haya estudiado la repercusión que tendrá sobre el colectivo y sin plantear alternativas viables desde el punto de vista técnico y científico». Esa es la posición que la RFEC ha mantenido en público durante meses, exigiendo al Gobierno español que se opusiera ante Bruselas y reclamando un periodo transitorio de al menos diez años, no de siete.
Si la organización europea de la que forma parte da ahora por bueno exactamente lo que la RFEC llevaba meses calificando de insuficiente y perjudicial, ambas posiciones apuntan en direcciones opuestas y alguien tiene que explicarlo. No basta con comunicados paralelos que nunca llegan a chocar en público.
Si FACE ha dejado de defender una posición esencial para los cazadores españoles, la RFEC debería plantearse abiertamente qué sentido tiene seguir pagando su cuota a una estructura que, en el momento decisivo, ha preferido la resignación a la batalla. Una federación que capitula sin luchar deja de merecer la confianza de quienes pretende representar.
Aragón pone cifras a lo que FACE prefiere no mirar
Mientras en Bruselas se discuten calendarios, en el campo español ya hay quien ha hecho números. La Federación Aragonesa de Caza (FARCAZA) advirtió de que, si se aplica la prohibición, en Aragón dejaría de cazarse un millón de conejos al año, lo que multiplicaría al menos por tres los daños agrícolas que provoca esta especie durante una temporada cinegética.
La federación centra su alerta en una modalidad muy concreta: la caza del conejo con hurón, donde el disparo se dirige hacia el suelo y el acero presenta, según denuncia la entidad, un riesgo de rebote inasumible para los más de 40.000 cazadores aragoneses, sus perros y sus hurones.
FARCAZA no se queda solo en la seguridad. Advierte también de que la munición alternativa es considerablemente más cara que la de plomo, y de que buena parte del parque de escopetas actual no está preparado para disparar determinados cartuchos con materiales sustitutivos. Además, señala que ese cambio de material podría repercutir en los seguros de responsabilidad civil, al considerar las aseguradoras que los metales disponibles siguen ofreciendo menos garantías de seguridad que el plomo.
Un estudio de 2019 que la prohibición no ha logrado desmontar
El respaldo científico que exige el sector ha sido ignorado. Un trabajo desarrollado entre 2016 y 2019 analizó 530 aves de siete especies cinegéticas terrestres —entre ellas perdices, codornices, palomas y tórtolas— en nueve provincias de seis comunidades autónomas, examinando buches, mollejas, intestinos, hígado y riñones de cada ejemplar. Sus conclusiones fueron claras: solo entre el 3% y el 3,8% de las aves mostraban rastros de ingestión de perdigones, y la concentración de plomo hallada en el hígado era comparable a la de especies salvajes completamente ajenas a la actividad cinegética. El estudio contó con el respaldo de más de treinta entidades de referencia.
Ese trabajo no cierra por sí solo todo el debate ni permite extrapolar sus resultados a cualquier especie o ecosistema, pero sí obliga a discutir la restricción con el rigor que Bruselas ha evitado: diferenciando ambientes, especies y modalidades en lugar de aplicar una prohibición horizontal para todo el continente. Ese es precisamente el argumento que FACE debía sostener con firmeza ante las instituciones europeas, y que ahora ha decidido archivar.
Lo que Estados Unidos exige antes de prohibir nada
Al otro lado del Atlántico existe un ejemplo que deja en muy mal lugar el criterio adoptado por Bruselas y aceptado ahora por FACE. El Departamento del Interior de Estados Unidos ha fijado, a través de su Orden 3447, que las restricciones sobre munición o aparejos de plomo no podrán imponerse en refugios federales salvo que exista evidencia científica específica del lugar y de la especie que demuestre un impacto real a nivel poblacional, o que la medida sea necesaria para alinearse con una ley estatal o tribal.
Cualquier limitación de este tipo deberá además ser aprobada por el director del U.S. Fish and Wildlife Service, lo que eleva la decisión al máximo nivel del organismo. La diferencia con el modelo europeo es brutal. Estados Unidos no prohíbe primero para gestionar después las consecuencias: exige demostrar antes que existe un daño concreto, medible y localizado. Es exactamente el criterio de proporcionalidad que una organización como FACE debería haber defendido con uñas y dientes ante el Parlamento Europeo, en lugar de asumir sin condiciones el calendario que le ha impuesto Bruselas.
Lo que se juega el cazador de a pie
Detrás de la disputa institucional hay una cuestión muy concreta que golpeará directamente al cazador de cada coto: la compatibilidad de su arma, el coste de sus cartuchos y la seguridad de sus jornadas de campo. Una parte relevante del parque de escopetas europeo, especialmente las más antiguas, no fue fabricada teniendo en cuenta las presiones que exigen determinados cartuchos de acero. Para esos propietarios, la transición puede significar cambiar de arma, asumir un sobrecoste permanente en munición o directamente abandonar modalidades como la caza del conejo con hurón, donde el riesgo de rebote condiciona cada disparo.
FACE presenta el acero estándar como una solución universal ya disponible a precios similares al plomo, lo cual es falso. Pero que un cartucho exista en el mostrador de una armería no demuestra que sea compatible con cualquier arma, seguro en cualquier terreno de disparo ni igual de eficaz para abatir limpiamente la pieza sin dejar animales heridos.
Trasladar esa complejidad a un simple problema de siete años de plazo es, precisamente, lo que ha hecho FACE en su nota, y lo que la RFEC llevaba meses denunciando como insuficiente. La ampliación del plazo y la exclusión de balas y proyectiles únicos son avances reales frente a la propuesta inicial. Pero convertir esos avances parciales en una rendición completa ante el resto de la prohibición no es defender al sector: es disfrazar su derrota.
FACE ha elegido la resignación en el momento en que todavía podía pelear. Ahora le corresponde a la RFEC explicar si comparte esa resignación o si, de una vez, se plantea en serio qué sentido tiene seguir formando parte de una organización que ha dejado de defender a los cazadores que dice representar.
