La Ley de Bienestar Animal ha dado mucho que hablar como consecuencia de algunos de los polémicos puntos que en ella se recogen. Extremadura y País Vasco han conseguido acabar con ellos en sus territorios después de firmar un acuerdo con el Ministerio de Política Territorial.
Con este pacto, alcanzado entre la Administración y ambas comunidades, la competencia de algunas de esas medidas pasan a depender de la legislación autonómica. Los dos casos son muy similares y atañen a casi los mismos artículos de la ley animalista.
En estos territorios dejará de ser obligatorio que los ayuntamientos tengan un servicio de recogida y atención veterinaria, disponible las 24 horas del día, de animales extraviados y abandonados. Tampoco lo será alojarlos en un centro de protección animal.
De igual modo, el acuerdo pone fin a la obligatoriedad de comunicar la pérdida o sustracción de un animal en el plazo máximo de 48 horas, desde que tiene lugar, a la autoridad competente. La ley animalista fija una falta leve para estos casos que puede sancionarse con una multa de 500 a 10.000 euros.
Animales en actividades culturales y festivas
Los extremeños y vascos tampoco se acogerán ya a la prohibición de dejar sin supervisión a cualquier animal de compañía durante más de tres días consecutivos. En el caso de que se trate de un perro, este límite se establecía en 24 horas.
Otro de los puntos reflejados por el acuerdo es que estas comunidades autónomas estarán exentas de cumplir con las obligaciones sobre el empleo de animales en actividades culturales y festivas. Ellas mismas serán quienes decidan su propia legislación acerca de las ferias, exposiciones y concursos de animales, romerías, belenes, cabalgatas y procesiones.
Fin a la protección de los gatos callejeros en Extremadura y País Vasco
Sin lugar a dudas, uno de los aspectos más controvertidos fue el relacionado con las colonias felinas. El texto establece que todos los ayuntamientos tienen la obligación de conformar un plan de gestión que incluya la captura, esterilización, desparasitación y retorno de todos los gatos callejeros, ahora denominados gatos comunitarios.
De este modo, serían los ayuntamientos los responsables de alimentar a estos animales, además de designar y formar a los responsables de su cuidado.
Tal medida puso en pie a los propios consistorios que denunciaron que no disponían de los fondos económicos suficientes. Asimismo, también despertó las denuncias de expertos que alertaban de que los catos callejeros «amenazan a 347 especies en peligro», entre otras cuestiones.
El acuerdo alcanzado con el Gobierno indica que estas obligaciones pasan a tener «carácter orientador y programático» en los ayuntamientos de Extremadura y País Vasco.
Por lo tanto y según han explicado desde el Ministerio, estas serán vinculantes «únicamente cuando así lo establezca en cada caso la legislación autonómica y en los términos que en ella se determine».
Matar a un gato callejero puede salir más caro que matar a un lince ibérico o un águila imperial con la Ley Animalista
Desde la Consejería de Presidencia de la Junta de Extremadura han asegurado a Libertad Digital que «el Estado se ha excedido en su actividad regulatoria y ha invadido determinados ámbitos cuya regulación legal y desarrollo reglamentario corresponde a la Comunidad Autónoma de Extremadura. Se ha conseguido una rectificación porque se podía incurrir en vicio de inconstitucionalidad».
Pese a este acuerdo, también han aclarado que «la Ley de Bienestar Animal, en su enfoque y planteamiento general, le sigue pareciendo a la Junta de Extremadura un despropósito y ajena al mundo rural extremeño y al modo de trabajar y proceder en el mismo, por lo que debería ser derogada».
